“La Puya sigue en pie, pese a que hay una presencia exagerada de agentes”, señaló Yolanda Oquelí, lideresa comunitaria de La Puya, donde ayer agentes antidisturbios de la Policía Nacional Civil (PNC), desalojaron de forma violenta a los vecinos que se oponen al proyecto minero Progreso VII Derivada, El Tambor.
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La comunidad conocida como La Puya, ubicada entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, ayer fue escenario de un desalojo que dejó decenas de heridos y que logró el ingreso de maquinaria a la mina El Tambor.
En la cuenta de Twitter del Hospital General San Juan de Dios se informó que de los siete pacientes que ingresaron de La Puya solamente se encuentra en tratamiento Eva María Álvarez, de 25 años.
Los agentes policiales que resultaron heridos fueron trasladados al Hospital de la PNC, y entre ellos se encontraba el subcomisario Feliciano Cruz Vásquez.
Oquelí, representante del movimiento en resistencia, indicó esta mañana que “la gente sigue en pie de lucha, estamos posicionados en la resistencia”.
Sin embargo, señaló que cuatro de los vecinos que ayer estuvieron en la manifestación se encuentran desaparecidos. En un principio se creyó que habían sido detenidos por la PNC, sin embargo, dijo que la Procuraduría de los Derechos Humanos les notificó que no se reportaron capturas.
De esa cuenta, los comunitarios se reunirían ésta tarde para hacer un recuento de los miembros de la resistencia a la empresa minera.
ANALIZAN DEMANDAR
Ante lo sucedido, Oquelí informó que junto con sus abogados y los vecinos de ambos municipios, analizarán si tomarán acciones legales por lo que califican de abuso de autoridad por parte de los agentes de la PNC.
La entrevistada expresó que por la gravedad de la acción policial documentada ayer, podrían presentar una denuncia contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los pobladores sostienen que su oposición responde a que están a favor de la “vida y el agua”, puesto que argumentan que la minera perjudicará los recursos naturales que les pertenecen.
ACTITUD CERRADA
Por su parte, Miguel Ángel Balcárcel, coordinador del diálogo nacional, indicó que dentro de un largo proceso de acercamiento y diálogo con la resistencia de La Puya, observaron actitudes cerradas, y que resulta complicado establecer un proceso de ese tipo cuando no se acepta la existencia de una contraparte.
“Al Gobierno le corresponde asegurar el derecho de manifestación de la gente, su derecho a la resistencia pacífica, pero también le corresponde asegurar el derecho de trabajo y libre locomoción”, apuntó.
También dijo que ayer recibió múltiples llamadas para que acudiera a La Puya, pero que como sistema “no tenemos nada que hacer en una operación de campo. El proceso nuestro es tratar de encontrar soluciones que beneficien a todos, soluciones a los temas sustantivos; ya a la forma de presión y medidas de hecho, el sistema no ésta diseñado para eso”.