Persecución polí­tica


Los sindicalistas apoyarán a Nery Barrios el 1 de agosto.

Dirigentes de la Unidad de Acción Sindical y Popular, (UASP) indicaron que el proceso que el Ministerio Público, (MP), lleva en contra del lí­der sindical Nery Barrios por caso especial de estafa, lavado de dinero y defraudación fiscal es el resultado de una persecución polí­tica por parte de grupos de poder.

Javier Estrada Tobar
lahora@lahora.com.gt

Luis Alfonso Mazariegos de la UASP, indicó que son varios los grupos de poder que han promovido la captura del dirigente sindical; informó que Barrios denunció en 2004 a varios evasores fiscales, en 2005 señaló al hijo y al yerno del presidente í“scar Berger por involucrarse en actos de contrabando en la Secretarí­a de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, y solicitó un antejuicio contra Juan Luis Florido, fiscal General del Ministerio Público por no actuar contra los evasores fiscales y como resultado ha sido afectado con esta persecución.

Con rapidez

Por su parte, el abogado defensor de Barrios, Joel Torres dijo que las acciones de las autoridades del MP han sido «sorpresivas» porque han actuado rápidamente, contrario a la «lentitud» con la que actúa normalmente, ya que el 9 de abril, la fiscalí­a solicitó la captura del sindicalista, y a las cuatro de la tarde ya habí­a sido firmada por el juez.

«Esta es una nueva forma de represión polí­tica ya que se le impuso (a Nery Barrios) una fianza muy difí­cil de pagar, es un millón y medio de quetzales que no puede pagar su familia, eso sólo lo podrí­a hacer efectivo un funcionario corrupto o un empresario evasor fiscal», indicó Torres.

A la espera…

Leopoldo Liú, fiscal Contra el Lavado de Dinero aseguró que el expediente y las pruebas de acusación ya están, no resta más que esperar la decisión del juez, para conocer si se iniciará el proceso de juicio.

Mientras tanto, Nery Barrios se encuentra recluido en el Centro Preventivo de la zona 18, esperando el 1 de agosto, cuando se discutirá si el caso entrará al proceso de juicio, impulsado por la Fiscalí­a Contra el Lavado de Dinero, en el Juzgado 2º de Instancia Penal.

«Esperamos que asistan 300 ó 500 activistas, haremos una caminata desde nuestra sede hasta los tribunales para demostrar el poder que tiene la clase trabajadora en Guatemala», indicó Aní­bal Flores del Sector Salud UASP