Malversación de fondos, cohecho, concusión, omisión de denuncia y estafa al Estado, son delitos que continuamente cometen funcionarios en detrimento de la población, ya que buscan mecanismos fraudulentos para apropiarse de nuestros impuestos. Este problema debe combatirse con voluntad y apego a la ley, empezando con aquellos que están involucrados en el desví­o de los Q 82.8 millones del Congreso de la República para crear un precedente trascendental.

La renuncia de Eduardo Meyer a la Presidencia del Congreso y al partido oficial que lo postuló a diputado, es una decisión digno de destacar, pero es necesario cumplir el presagio, «quién la hace la paga», por lo que esta persona debe resolver su situación jurí­dica ante los tribunales sin respaldo de algún partido polí­tico y no volver a repetir lo hecho por ex diputados involucrados en ilí­citos que han tergiversado la aplicación de la ley. Tanto el ex presidente del Legislativo y los demás miembros de la Junta Directiva deben ser investigados, ya que tienen responsabilidad directa en la administración financiera de dicho organismo.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben agilizar el antejuicio contra los diputados implicados. Que Meyer se niegue a declinar al curul de diputado e interponer acciones legales para retardar el proceso penal, pasándose a ser ví­ctima de la ley, es inadmisible. Es condenable que busque mecanismos legales para protegerse, por lo que debe aclararse que la Acción de Amparo que solicitó es una garantí­a para la protección de los derechos, pero no para favorecer a acusados de haber quebrantado la ley, los valores morales y contrariar los intereses nacionales.

Poco a poco se conocerán quiénes se han beneficiado de la repartición de los fondos desviados. Los diputados, dirigentes polí­ticos y hasta un ex candidato presidencial, a quienes se les ha depositado miles de quetzales por parte de la bolsa de valores, deben aclarar hasta dónde son responsables. Al igual que Raúl Girón, gerente de la bolsa de valores Mercados de Futuros S. A., quién promovió la malversación y luego se presentó a los tribunales; los demás sindicados deben someterse ante la aplicación de la justicia.

Con los Q82.8 millones desaparecidos se pudo haber utilizados para la construcción de más de 80 escuelas en el interior del paí­s o impulsar proyectos productivos a largo plazo en las comunidades rurales, por lo cual las instituciones estatales deben unificar esfuerzos para recuperarlos.

Durante los últimos años, muchos ex funcionarios fueron acusados y luego protegidos por los partidos como el caso de la defraudación en el IGSS, la malversación en el Estado Mayor Presidencial, la sobre valoración de obras en el Ministerio de Comunicaciones, el negocio negro en la emisión de carné para la circulación de vehí­culos y la quiebra de varios bancos del sistema.

Recordemos que la ley faculta a los funcionarios públicos resguardar los recursos del Estado, pero no robarlos. No permitamos seguir en una cultura corrupta de nuestras autoridades, es urgente la aprobación de la Ley de Acceso a la Información para fiscalizar las actuaciones de los funcionarios y verificar constantemente en qué se invierten nuestros impuestos. Asimismo, estamos obligados a pensar en la depuración de los personajes polí­ticos corrompidos que aún siguen fraguando sustracciones millonarias en las instituciones del Estado.