En medio de los conflictos sociales, la labor periodística supone un verdadero riesgo para los comunicadores que trabajan en medio de las partes en discordia. Ese fue el caso de cinco comunicadores que trabajaron en los reportes de los desalojos de las personas que se oponían a la actividad minera en La Puya.

El pasado 22 de noviembre de 2012 un grupo de periodistas independientes, acompañados de comunicadores de comunidades y organizaciones indígenas, llegaron a las cercanías del proyecto minero “El Tambor”, ubicado en el lugar conocido como La Puya, entre San Pedro Ayampuc y San José del Golfo.

El objetivo era documentar los momentos de tensión que se estaban suscitando entre pobladores que se encontraban desde hace meses en resistencia pacífica y trabajadores de la mina que se hallan en el lugar.

En esa fecha surgieron señalamientos de agresiones físicas y verbales por parte de los personeros de la minera en contra de la resistencia.

Dentro del grupo de periodistas independientes se encontraba Gustavo Illescas, que trabaja para el CMI-G (Centro de Medios Independientes de Guatemala), y en esa oportunidad cubría la resistencia de los pobladores, que manifestaban porque ese mes se cumplía un año desde que la empresa minera obtuvo el permiso para la explotación.

Illescas portaba una cámara cuando uno de los momentos más álgidos de esa cobertura explotó. Pablo Silas Orozco, teniente retirado y Juan José Reyes Carrera, que trabajaban como seguridad de la mina El Tambor, se encontraban en el lugar rechazando la resistencia de los comunitarios y la documentación de los periodistas.

En dos videos, de 1 minuto y 36 segundos, y 2 minutos y 26 segundos, respectivamente, se grabó a Silas gritar enfático las palabras que después serían clave para condenarlo a dos años de cárcel conmutables.

“…Hay gente pensante… vamos a demostrar que somos gente que no se deja arrastrar por esos malditos, y que no les tenemos miedo, y que sus cámaras y sus pendejadas no les tenemos miedo…. Respetamos a los derechos humanos pero nos encontramos a estos malditos insultándonos con sus cámaras, porque creen que con eso nos van a intimidar. Partida de maricones, huecos (…) los vamos a respetar, pero a estos maricones, jamás. Más a este peludo, a este mediocre arrastrado, no lo vamos a respetar. Que le corten la mano al hueco éste, porque si sigue grabando va a ser el provocador de que toda esta mierda estalle y estalle ahorita”, gritó Silas a través de un megáfono.

Los comunicadores y periodistas presentaron ante el Ministerio Público (MP) una denuncia por las agresiones verbales y amenazas proferidas por Silas, y el caso fue remitido a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, mientras el Juzgado Segundo del Ramo Penal recibió el proceso penal.

Luego de casi 11 meses de transcurrido el proceso, el juez Carlos Aguilar emitió su fallo. Los agredidos accedieron a que los sindicados fueran sometidos a un criterio de oportunidad, es decir, que no fueron enviados a juicio ni enviados a prisión.

Sin embargo sí fueron condenados a dos años de prisión por los delitos de coacción y amenazas, conmutables a Q15 mil para evitar la cárcel.

Para emitir su fallo, Aguilar validó que el trabajo que realizaban los agraviados era periodismo y que se encontraban cubriendo los hechos. Dentro de los medios de prueba más importantes figuraron peritajes lingüísticos realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), con el que luego de un análisis se concluyó que las palabras proferidas por Silas eran amenazas.

Dentro de los peritajes se analizaron frases: “Malditos que venden nuestras fotos y ganan plata con eso, asquerosos. Si lo que estás buscando ver al diablo en calzoncillo lo van a encontrar; esos peludos están provocando con sus cámaras y si no se quitan de aquí, ellos serán los responsables que esto estalle y estalle ahorita; si no bajas las cámaras te vamos a cortar las manos”.

El análisis de lo dicho concluyó en que constituyó un impedimento a la libertad de expresión, indicó Aguilar.

Al condenar, el letrado expresó: “Considera el juez que se ha atentado contra la libertad de ejercer el periodismo por parte de periodistas que estaban cubriendo una fuente noticiosa en ese momento, en la cual los pobladores y el pueblo de Guatemala tienen derecho a protestar contra hechos que pueda considerar le afecten a la misma ciudadanía”.

“La población tiene derecho a que los periodistas puedan trasladar la información verídica para que los guatemaltecos tengan conocimiento de lo que está sucediendo; no se le puede vedar este derecho a ningún periodista, sea de un medio corporativo o cualquier comunicador social, todos tienen derecho de poder asistir a cualquier lugar y como consecuencia después trasladar la noticia a la comunidad o a la población”, enfatizó el juez Aguilar.

El fallo se convirtió en un referente para validar el trabajo que realizan los periodistas de medios corporativos, independientes, e investigadores sociales en medio de los conflictos sociales, opinó Illescas al terminar la audiencia.

En otras oportunidades, los comunicadores son señalados por los comunitarios de ser parcializados y se encuentran en medio de situaciones de tensión. Es importante destacar la importancia de que los comunitarios, empresas, autoridades y toda la ciudadanía tengan acceso a información imparcial y fidedigna sobre la conflictividad, porque en muchos casos la ausencia de ésta es la que da origen a los conflictos.

En ese sentido, Illescas, manifestó que el periodismo independiente tiene un panorama más complicado en este tipo de coberturas, ya que muchas veces no se reconoce la legitimidad de su trabajo.

“Ha costado ganarse la legitimidad de que se puede hacer información desde otros medios. Hay que sacar un gafete, presentarte, tener que enseñar donde publicas tus noticias y se ha ido ganando terreno, pero igual sigue siendo un problema”, indicó.

Esto sucede cuando las partes en conflicto son comunidades y grandes empresas, “de parte de las resistencias y las luchas si tenemos legitimidad pero hay otros sectores que nos tratan de deslegitimar”.

También su integridad puede correr peligro, señaló: “Nos costeamos nuestros propios pasajes y no llevamos medidas de seguridad más que avisarles a nuestros compañeros que salimos de viaje, que alguien conozca que ruta vas a tomar, en qué horario vas a estar”.

Illescas manifestó que en la cobertura de estos sucesos, el criterio del trabajo que realizan es que la información del poder ya la cubren los medios corporativos, y “por eso precisamente buscamos poner la noticia o la voz de los que no aparecen”.

“Hay noticieros donde la información relevante de los departamentos son los asesinatos, y no ponen esa visión de las luchas y resistencias de las comunidades. Desde allí es que no tenemos ningún empacho en decir que estamos documentando esos procesos organizativos”, enfatizó.

Otro elemento es que para cubrir los conflictos sociales, los periodistas independientes o sociales no logran tener acceso a todas las fuentes de información, y por este motivo se percibe un grado de “parcialidad”.

“Es cierto que se puede decir que nuestro trabajo es un trabajo para la “porra”, un periodismo que solo lee la gente convencida, que quiere conocer sobre las injusticias o que está organizada. La mayoría de gente que nos lee es gente que está involucrada en procesos”, reconoció.

El entrevistado agregó que la falta de información ha propiciado el surgimiento de los medios independientes, pues considera que prevalece una ausencia de fuentes informativas que necesitan los grupos que socialmente son desiguales.

Es por eso que manifestó que este caso sienta jurisprudencia, porque un juez reconoce que el derecho es informar, ser informados es de toda la población, de la misma forma que la libertad de expresión.

MÁS DE 50 CASOS

En la Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público (MP) existen 50 denuncias interpuestas por comunicadores que se han visto amenazados en su trabajo y coberturas.

Elmer Yat, jefe de dicha Fiscalía, manifestó que aproximadamente el 50 por ciento de los casos que ingresan son por los delitos de coacción o amenazas.

De los procesos penales que se siguen, en este año se han logrado dos condenas, una en el caso de La Puya, y el proceso de la periodista Sofía Menchú contra el exministro de Cultura y Deportes, Jerónimo Lancerio.

“Las condenas obtenidas en este año solo alcanzan a dos de los casos, pero también hay causas resueltas por la vía de conciliación y el criterio de oportunidad, por lo cual no se hace necesario llegar a una resolución condenatoria”, indicó Yat.

El Fiscal explicó que para alcanzar una conciliación, por tratarse de delitos de coacción y amenazas, considerados menos graves, en ocasiones el agredido solamente necesita sentar un precedente y puede llegar a requerir el cambio en el actuar del sindicado, agregó.

Por otro lado, para llegar a una resolución condenatoria, se necesita recabar pruebas contundentes para que el juez tenga suficientes elementos que justifiquen que procede condenar.

En ese tipo de investigaciones, por el tipo de personas que se investigan, también se encuentran dificultades, explicó Yat, ya que por decirlo de alguna forma «ellos (los periodistas) están en el territorio de ellos (los denunciados) y se enteran cuando uno anda localizando preguntando por alguno de ellos».

Esta situación se hace más compleja en los departamentos, aseguró el investigador, ya que “todos se conocen, y el periodista que denuncia queda más expuesto”.

Rodrigo Maegli, vocero de la mina, manifestó que las dos personas que fueron condenadas no laboraban directamente para la mina, sino que eran empleados de una contratista, con quien aseguró no tienen relación laboral desde hace casi siete meses.
 
Por otro lado, indicó que la agresión verbal contra los periodistas no fue ordenada por la minera, que “fueron las circunstancias” en que se dieron los hechos. También señaló que probablemente el carácter de Silas Orozco provocó que su reacción fuera insultar a los presentes.
 
Por otro lado, informó que existe un proceso identificado con el número de expediente 01079-2012-00214, del Juzgado Séptimo del Ramo Penal, donde tres personas son sindicadas por los delitos de retención ilegal, amenazas y coacción.
 
Esto porque el 3 de mayo del 2012, Danilo Alvarado, Marco Tulio Aquino y Henry Gálvez, al salir de sus labores en el Proyecto Minero Proyecto Progreso VII, fueron detenidos y retenidos por supuestos  activistas en contra de la minería, quienes los habrían insultado y agredido con un machete. Según la denuncia presentada por los trabajadores de la mina, aproximadamente 40 personas los retuvieron, y 11 de éstas fueron identificadas.

DIVERSOS ÁMBITOS

Las denuncias presentadas por periodistas afectados en el ejercicio de su profesión se dan en varios ámbitos, pero puede ser que en conflictos sociales sea donde más se presentan, debido a que generalmente hay dos partes en contienda y los temas de roce son susceptibles de enfrentamientos.

Entonces, los periodistas, al prestar su cobertura, «terminan siendo víctimas de las dos partes», opinó Yat. De acuerdo con su experiencia, manifestó que este tipo de procesos sienta precedentes, ya que se demuestra que la labor periodística está respaldada por la Ley y en caso de agresiones los casos serán investigados.

“Es un paso bastante significativo para demostrar que no es sencillo; muchas personas creerán que amenazar o coaccionar contra un periodista no trasciende en la justicia, sin embargo a través de las sentencias se ha ido demostrando que los agraviados pueden seguir si presentan sus denuncias”, concluyó.

MÁS PRESENTES

El analista político Renzo Rosal opinó que por el marco de impunidad que existe en el país, especialmente en casos de corrupción, y ahora en situaciones derivadas de actividades extractivas, ha generado que cada vez más medios, tradicionales e independientes, al igual que los espacios de sociedad civil tratan de profundizar en sus averiguaciones.

“En esa búsqueda van tocando intereses, algunas teclas, que a muchos sectores en particular no les conviene. El tema de La Puya  –El Tambor– es un caso emblemático porque representa un movimiento de alto nivel de legitimidad, versus niveles de cómo la empresa y entidades gubernamentales han contribuido a prácticas si no represivas, de mordaza contra los medios de información”, analizó.

De esta forma se trata de limitar los espacios de participación ciudadana que se han hecho alrededor del conflicto en La Puya, manifestó, y agregó que esto también ocurre, pero de forma más complicada en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.

“Allí todo es más oscuro. En Barillas no está tan claro todo como en La Puya. Esto hace que sea más evidente que los medios de comunicación alternativos o independientes se van a ver cada vez más presentes y más asociados con mecanismos de presión”, consideró.

De esta forma también habrán más periodistas expuestos física y materialmente ante las redes de intereses, “mientras se vayan apretando cada vez más esas teclas sensibles”, concluyó.