El Gobierno de Guatemala se comprometió recientemente y de manera pública a cancelar parte de la deuda flotante –ya depurada– que viene desde varios períodos. Sin embargo, según experto, si en Guatemala existiera un verdadero estado de derecho, el pago de ese tipo de deuda sería irrealizable.

En ese sentido, según el presidente Otto Pérez Molina, “de los casi Q12 mil millones que se dieron al principio, que ni el gobierno que nos entregó supo decir cuál era finalmente el monto de esa deuda, nos tocó ponerlo en claro a nosotros”.

De ese monto, según el mandatario, se logró bajar a menos de Q4 mil millones, “porque se rescindieron contratos de obras que no estaban bien hechas, que no se habían empezado o se comenzaron mal”.

El Presidente guatemalteco comentó a este medio que, para lograr reducir ese monto, se procedió a constatar en el terreno el estado de la obra “que nos estaban cargando como deuda flotante”.

“Finalmente”, señaló Pérez Molina, “lo que logramos es que la obra que estuviera terminada, que hubiera cumplido con la calidad y requisitos que estaban en el contrato; esa deuda, el Estado tiene la obligación de honrarla”.

¿CÓMO PAGARLA?

A criterio del funcionario, con esa deuda “no se puede sencillamente decir que es del gobierno anterior y nosotros no la vamos a pagar”. Además, el Presidente dijo que ese endeudamiento es con “empresas serias, grandes y que siguen trabajando con el actual gobierno”, por lo que “vamos a honrarla”, concluyó.

El monto que por el momento el Gobierno asume que cancelará es de Q3 mil 500 millones. Y para ello, según el Presidente, en el Ministerio de Finanzas Públicas se busca la forma de hacerlo.

De esa cuenta, “se habló ya si se pude con el Banco Mundial y están encontrando un camino que puede ser emisión de bonos”, porque “no tendría por qué cargarse ahora al presupuesto actual y no aumentaría el déficit fiscal”, indicó.

ESTADO DE DERECHO

Según Carlos Martínez, del área socioeconómica del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), la ley del presupuesto estatal establece que este debe ejecutarse para el año en que está vigente, dado que “el presupuesto es único, tiene unidad programática y es vigente para un año fiscal”, por lo que no trasciende de un período a otro.

“Desde ese punto de vista”, comentó el experto, “la deuda flotante tiene buena parte de ilegalidad”, porque “son convenios de pago que han hecho las autoridades, los ministros, con los contratistas, pero no tienen sustento legal, son convenios dentro de ellos”.

En ese sentido, esos funcionarios “no tienen autoridad para decir que van a pagar del presupuesto del siguiente año, porque el presupuesto también viene con unidad programática”, destacó el analista.

Si se toma la deuda flotante como una decisión administrativa, “sí se tiene que pagar”, porque fueron convenios que las autoridades asumieron, sobre todo porque serían empresas que trabajan con el Estado desde hace tiempo y realizaron la obra, comentó Martínez.

Sin embargo, “si nos sujetáramos y estuviéramos en un Estado donde prevalece exactamente el estado de derecho, esos pagos quedarían irrealizados”, enfatizó el experto.

Por tanto, “deberíamos evolucionar hacia un pleno de estado de derecho”, por lo que, “desde ese punto de vista no tendría que pagarse”. Pero también debe tomarse la perspectiva administrativa y las falencias del Estado guatemalteco, que el pago tiene “cierto grado de corrección” como política pública, concluyó.