El Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal resolvió ayer, en medio de la forma en que la ciudadanía ha concentrado su atención a los temas vinculados con el llamado caso Rosenberg, que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala no tiene facultades para intervenir en los casos de corrupción relacionados con el desfalco al Ministerio de la Defensa Nacional porque, en opinión de la juzgadora, la CICIG fue creada para combatir la impunidad relacionada con los grupos clandestinos y poderes paralelos en el país, por lo que decidió apartarlos de la investigación.
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En este caso no cabe preguntarse si es que se hacen o realmente son babosos. Salta a la vista la respuesta porque cualquier tonto de capirote sabe que esos poderes paralelos y el crimen organizado se tienen que financiar y lo hacen en muchos casos cabalmente utilizando las ventajas que ofrece un sistema hecho para que la corrupción sea generalizada. Fue el mismo criterio que esgrimió el abogado Matus para tratar de evadir la investigación en su contra, diciendo que la Comisión no tiene facultades para investigar a un individuo porque su mandato es para el crimen organizado o grupos paralelos. El caso es que ambos, que en el fondo son uno, se componen de individuos y para llegar al colectivo las investigaciones y procesos tienen que ir dirigidas a los individuos.
No olvidemos que en este caso no se trata de grupos criminales que gocen de personalidad jurídica, sino que se trata de entidades sin formalidades que se integran por individuos que realizan distinto tipo de delitos en el marco de conspiraciones de gran envergadura, pero la investigación criminal tiene que ir dirigida al comportamiento del individuo y no del colectivo cuya forma no se puede establecer.
En este momento, cuando la sociedad está interesada en que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala logre resultados en la investigación del caso Rosenberg y los ojos de la opinión pública local están puestos cabalmente en la forma en que puedan avanzar esas cuestiones, se produce una resolución judicial que tiene enorme trascendencia para el tema de la impunidad en el país y es obvio que la intención es aprovechar ese enfoque tan preciso que hay respecto al caso más destacado para que pase inadvertida hasta donde se pueda la decisión de apartar a la CICIG de uno de los casos más serios que hay en materia de corrupción y, por supuesto, de impunidad en el país.
Dadas las condiciones en que funciona el sistema de justicia y los tentáculos que tienen los distintos grupos paralelos tanto en el Ministerio Público como en el Organismo Judicial, el ámbito de la CICIG es absoluto porque cabalmente es la impunidad lo que tiene que combatirse y la misma descansa en estructuras que se muestran cabalmente en resoluciones como la emitida por la juzgadora que dirige el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal. Y ya veremos cómo su nombre es impulsado para que aparezca en las listas de postulados a magistrados, porque así es como funciona el sistema, con premios y promociones para los que no vacilan en dar la cara con tal de que el sistema se mantenga, que la impunidad no falle.