Justicia es la virtud cardinal que se define, desde Ulpiano, como la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. Y en Guatemala, los hechos demuestran que desde hace rato perdimos totalmente esa virtud. Los ciudadanos comprobamos a cada instante las contradicciones que permiten que el mal prevalezca sobre el bien. Los nietos nos interrogan constantemente -¿quien tiene la razón abuelo, la enseñanza de nuestros padres, la del maestro, la prédica del sacerdote o esa diputada que, contradiciendo las normas de la elemental ética y hasta instrucciones precisas del Contralor, se resiste a devolver un dinero que no es suyo?.
Son tan grotescas las contradicciones, que es difícil, si no imposible responder esta pregunta: ¿cómo un juez puede dejar con arresto domiciliarioo y arraigo por el pago de una fianza de Q.500, al sospechoso del crimen cometido contra Lucila Martínez Zúñiga, rectora del Centro Preventivo para mujeres Santa Teresa, a pesar que la Policía lo detuvo casi al instante dentro del área del crimen portando una arma de fuego sin la licencia respectiva, la que había sido disparada cuatro veces y coincidentemente de igual calibre a la que causó su muerte?
No, la virtud de la justicia se perdió de tal manera en Guatemala, que uno ya no sabe no qué pensar de los magistrados, jueces, fiscales y policías. ¿Quién podrá explicarnos dentro del inmenso Organismo Judicial cómo y por qué se perdieron las pruebas fundamentales del proceso que se sigue para esclarecer el crimen de quien en vida fuera Víctor Rivera, ex asesor del Ministerio de Gobernación y uno de sus puntales para capturar a homicidas, secuestradores y asalta banco en Guatemala?.
Según estadísticas de la propia Policía Nacional Civil los homicidios en la época Colom superan los 16 diarios en Guatemala, más de los que tenía el también fracasado gobierno de Berger. Por otra parte, nadie discute que la vorágine de hechos delictivos no son privativos de Guatemala, pero ¿si esto es monstruoso, qué calificativo podremos dar a la tenaz lucha del Ministerio Publico y del Organismo Judicial para empeorar la calidad y eficacia de nuestra justicia y así alcanzar los primeros lugares?.
Como bien calificara Acisclo Valladares Molina, los intereses en juego para elegir presidente de la Corte Suprema de Justicia han impedido por largo tiempo lograr el consenso necesario para lograrlo, lo que aparte de ser un hecho por demás deleznable y bochornoso nos lleva forzosamente a pensar: ¿si así son para resolver sus problemas de orden y organización ¿qué podremos esperar de ellos a la hora de dictar justicia?. Es una lástima que solo el afán politiquero esté llevando al gobierno a «pedir perdón», ¿pero en honor a la verdad, de qué podrá servir este a las victimas de la delincuencia que sigue imperando ante su incapacidad monumental de contenerla?