Una vez más, algunas resoluciones judiciales como el fallo dictado por la Sala Tercera de Apelaciones que revoca la orden de captura nacional e internacional dictada hace 20 años en contra del ex dictador guatemalteco Jorge Serrano Elías, sorprenden y alborotan el hormiguero político, jurídico y social del país, porque hay quienes lo consideran “arbitrario”, “ilegal”, “abusivo”, “lamentable”, “absurdo”, con esos calificativos, se expresaron diferentes sectores de ciudadanía, profesionales del Derecho y funcionarios de Gobierno, que critican el mencionado fallo judicial, porque perciben que estimula y aumenta el blindaje de la impunidad.
En Guatemala, toda la población sabe que el exdictador Serrano Elías provocó un autogolpe de Estado, el 25 de mayo de 1993, violó la Constitución Política de la República, disolvió el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y seis días después, el 31 de mayo abandonó el cargo, exiliándose en la hermana República de Panamá donde reside hasta la actualidad. Los delitos mencionados y otros conexos, fueron cometidos en 1993 por el exdictador Serrano Elías, quien al salir del país, evadió a la justicia e impidió como hasta ahora, que recibiera el castigo correspondiente, pero hoy, 20 años después, un fallo judicial lo beneficia y libera de toda responsabilidad por el auto golpe de Estado que en 1993 pretendió interrumpir el orden constitucional y alterar el proceso democrático.
En este como en tantos otros casos, es evidente no sólo la debilidad que por ahora caracteriza al sistema de administración de justicia en el país, también pone de manifiesto el deficiente e ineficaz trabajo de investigación de los fiscales del Ministerio Público a cargo del caso, en tanto que operadores de justicia, se exhiben como incapaces para investigar y compilar pruebas sólidas, irrefutables, capaces de sostener y probar con certeza, los cargos por todos los delitos de los que se acusa al exdictador.
Pese a que se insiste, que los gobernados debemos respetar los fallos judiciales, en el presente caso, el Ministerio Público tiene que seguir trabajando para revertir el fallo que hoy es criticado, todavía le queda a los investigadores penales la oportunidad de impulsar algunas acciones y de presentar recursos judiciales tendentes a rescatar el caso, para lograr que mediante el debido proceso se pueda enderezar el entuerto judicial provocado.
Cuando algunos administradores de justicia, abandonan la objetividad e imparcialidad que debe caracterizar a los juzgadores para favorecer intereses personales, entonces se desnaturaliza el Derecho, se pierde confiabilidad y se alienta la impunidad.
En los últimos meses, varios son los fallos judiciales divididos, “parciales” y “arbitrarios”, que por ser controversiales, aumentan la desconfianza de la ciudadanía en el debilitado sistema de administración de justicia y ratifican la percepción social de que en algunos casos, la justicia baila al son que le toquen, según sea el tamaño del botín que se reparta. Esos traspiés de la justicia guatemalteca, no consolidan el Estado de Derecho, tampoco combaten la impunidad, porque al contrario, la población recibe un mensaje negativo que le deja un mal sabor, al comprobar como en el caso que se analiza, que la justicia favorece a los políticos pillos, mañosos y pícaros, que como el exdictador Serrano Elías, desprecian los valores y las instituciones democráticas, violando con toda impunidad y desfachatez la Carta Magna.
P.S. Miles de niñas y niños del país, continúan muriendo por desnutrición a causa de la extrema pobreza, ante la indiferencia e insensibilidad del Estado, el Gobierno y la sociedad. Otros 2,244 infantes menores de 5 años, están en riesgo de correr la misma suerte, debido a que padecen desnutrición aguda severa, según la advertencia lanzada esta semana, por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional Sesan del Gobierno. ¿El fin supremo del Estado es el BIEN COMÚN?