Ayer el Ministerio Público realizó varias capturas y allanamientos por casos de corrupción en el país. Por supuesto que no iban tras los ministros que cobran mordidas por otorgar licencias o concesiones ni por los que compran medicamentos a precios exorbitantes o los que hacen contratos con constructoras que encaraman los precios como se les da la gana. La pita siempre se rompe por lo más delgado y para responder a los señalamientos que continuamente hemos hecho muchos ciudadanos sobre la falta de acción en el tema de la corrupción, volvieron a hacer lo que pasó con el Alcalde de la Antigua, esta vez agarrando al pintoresco exalcalde de San Miguel Petapa (el doctor Rafita), y a los parientes del alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, quien goza de antejuicio.

Si uno se guía por las acciones del Ministerio Público en contra de los corruptos, podría suponer que todos los pícaros están en las alcaldías del país y que en el resto de la administración pública campea una enaltecedora transparencia porque nunca los fiscales contra la corrupción mueven un dedo más allá de las jurisdicciones municipales. Se entiende, desde luego, que los alcaldes pueden ser poderosos en sus reductos, pero no tienen el tipo de influencias ni los conectes que tienen funcionarios del Ejecutivo o de los otros Organismos que se dedican a enriquecerse mágicamente en menos de lo que canta un gallo.
 
 Se entiende, además, que ministros, interventores y gerentes de instituciones, se codean con “empresarios” que pueden contratar a los mejores abogados para que los negocios que hacen no dejen ningún mal olor ni huellas detestables. Contratan, además, a eficientes gerentes financieros que saben cómo hacer para que no pueda hablarse de lavado de dinero, delito por el que se jalaron ahora a la parentela de Medrano y a las huestes de don Rafita. Eso da excusa a los fiscales para justificar su desidia para entrarle a los temas más profundos de la corrupción y para que se contenten con agarrar a los que no saben cómo borrar huellas ni cómo diluir el dinero para que no queden huellas de lavandería.
 
 Pero en el fondo estamos frente a dos realidades. La primera es que cuando hay interés y voluntad política, se puede atacar el problema de la corrupción aun con los instrumentos legales que hay actualmente y que siendo poco eficientes y careciendo de buenos dientes, como decía una diputada, permite actuar para deducir responsabilidades a los que en el ejercicio de cargos públicos se enriquecen a costillas de la miseria de nuestro pueblo. Y la otra realidad, la más cruda y dolorosa, es que no existe en el Ministerio Público la voluntad de ir más allá de perseguir a uno que otro Alcalde, vaya usted a saber por qué.
 
 Personalmente he creído que la fiscal Claudia Paz y Paz ha avanzado bastante en la depuración del Ministerio Público que fue el reducto esencial de la impunidad porque desde su instalación sirvió como garantía para impedir que se pudieran juzgar crímenes relacionados con el conflicto interno. Firmada la paz, esos mismos agentes de la impunidad la pusieron en venta para servir a los criminales de todo tipo y especialmente a los corruptos.
 
 Esas estructuras están aún allí y no mueven un dedo frente a escandalosos casos de corrupción. El Ministerio Público debería de estar investigando de oficio el fraude de ley que hay en la simulación de un arrendamiento portuario para encubrir una concesión de los servicios de contenedores, pero ese tipo de asuntos en los que hay que tocar los faroles del león se quedan fuera del foco de los fiscales. Agarrar a un Alcalde, con todo y lo poderoso que es Medrano, es mucho más fácil que ir tras los capos de la corrupción.