La ineficiencia y la lentitud del aparato del Estado para cumplir con sus deberes, sobre todo cuando se trata de administrar o ejecutar obra pública, hizo que la sociedad aceptara y hasta viera con buenos ojos el uso de procedimientos que privatizaban esas responsabilidades mediante el uso de fideicomisos y de las ONG que no tenían que cumplir con engorrosos procedimientos y que se ofrecían como alternativa al tortuguismo de un aparato estatal vilipendiado por su inoperancia.

A finales del siglo pasado se vio como una “solución” para agilizar la actividad del sector público la utilización de mecanismos más expeditos aun a costa de sacrificar los requisitos, de todos modos inútiles, para salvaguarda de la transparencia. La Ley de Compras y Contrataciones lejos de ser una garantía para impedir la corrupción, quedaba nada más como un escollo para entrampar los procedimientos y ante esa realidad y certeza, no hubo voces que pensaran en más alternativa que la de jugarle la vuelta a la ley para evitar que los engorrosos requisitos que exigía siguieran frenando la capacidad de ejecución de obras.
 
 Allí surge la figura del fideicomiso como un expediente ágil y dinámico para adjudicar contratos y realizar las inversiones supuestamente en beneficio de la población. Paralelamente, mientras los fideicomisos usan entidades internacionales y a las ONG como contratistas y éstas, a su vez, subcontratan con entidades de todo tipo ya sin el menor control ni registro de la ruta del dinero, algunas dependencias también hacen lo propio y de esa cuenta la ya inexistente fiscalización se vuelve imposible abriendo la puerta a la más grosera corrupción de nuestra historia. Y eso que somos un país con larga historia de corrupción y enriquecimiento a la sombra del poder y si no que lo digan los muchos capitales surgidos desde la época de Barrios cuando con manga ancha se favoreció a los paniaguados del régimen que llegaron a ser lo que algunos llaman “los capitales tradicionales de Guatemala”.
 
 De cuenta que el remedio resultó peor que la enfermedad, puesto que la celeridad no llegó a ser notablemente distinta pero la podredumbre sí se elevó a niveles que dejan a los corruptos de antaño como niños robándose los vueltos. Se concretó una funesta alianza entre particulares contratistas y funcionarios públicos que trabajan única y exclusivamente para lograr el mayor lucro posible con los recursos del Estado que, por supuesto, se vuelven insuficientes por el desperdicio que de ellos se hace con obras sobrevaluadas y mal ejecutadas que se derrumban como el edificio de la Gobernación Departamental de San Marcos sin que haya alguien responsable del daño causado.
 
 La sociedad, satisfecha por la disminución de las funciones de un Estado incompetente y corrupto, entregó esas funciones a un empresariado ligeramente menos incompetente, pero exponencialmente más corrupto y hábil para hacer los negocios.
 
 La necesidad de mejorar nuestro sistema de fiscalización es evidente y se magnifica cuando vemos consecuencias como las que ha desnudado el terremoto. Ciertamente hace falta más competencia y eficiencia en el cumplimiento de las funciones públicas que deben propiciar el bien común, pero la alternativa del desmantelamiento del Estado no funcionó más que para alentar la más escandalosa e impune podredumbre en el manejo de los fondos del erario.
 
 Antes de pensar siquiera en una reforma constitucional, la sociedad debe exigir que se modifique toda la regulación sobre las normas de fiscalización y transparencia para que se cumpla con lo que ordena la Constitución en el sentido de que hasta el último centavo del gasto público tiene que ser bien auditado.
 
 Revertir el uso de fideicomisos y de las ONG es un imperativo impostergable. Y como el gobierno actual no se interesa en el tema, los ciudadanos debemos presionar y exigir porque nos están robando de manera descarada.