La vida de los pensionados del Estado podría no ser tan confortable como muchos piensan, ya que después de varios años de servicio las personas que deciden jubilarse deben de sobrevivir con pensiones que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas.

Las precarias asignaciones y el aumento en el costo de vida asfixian a los retirados, que dejan atrás una vida de trabajo y contribuciones para su jubilación.

Mario Rodríguez, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), explica que la situación de los jubilados es precaria no solo a causa de las bajas pensiones, sino por la continua depreciación del quetzal y el encarecimiento de la vida.

El retiro se alcanza al cumplir el tiempo de servicio máximo que son 30 años o bien al cumplir 65 años, aunque se considera que las personas aún están en una edad laboral activa.

Un porcentaje de las pensiones lo pone el trabajador y el otro el Estado. “A veces se utilizan los fondos –estatales– que se tiene como reserva para las pensiones de los jubilados en las políticas económicas que tiene para cubrir alguna necesidad urgente y también porque muchas veces el Estado no contribuye a ese fondo de pensión”, dice.

Por lo tanto, los fondos disminuyen mientras aumenta la cantidad de jubilados, lo que genera incertidumbre en las personas que buscan retirarse. Aunque María Ester Ortega, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), dice que quienes fueron jubilados a temprana edad pueden continuar trabajando.

“No creo que sea una situación angustiosa”, dice Ortega, refiriéndose a que el Estado no puede dar todo a quienes aún tienen la fuerza y capacidad para laborar.

La cantidad cedida en las pensiones se relaciona con el sueldo y el cargo ocupado, según Ortega. Quiere decir que si un empleado ganó toda su vida el salario mínimo en la misma medida se verá reflejada su pensión de vida, aunque siempre será menor.

Este, por otro lado, es uno de los motivos por los que los montos establecidos de las pensiones no se hayan elevado en los últimos años. “Un aumento acarrearía problemas simultáneos serios que el Estado o a veces las instituciones no pueden asumir”, indica el experto de Ipnusac.

Un ejemplo de esto es la universidad estatal, en la que la jubilación significa un perjuicio económico para sus trabajadores, pues en ley se establece que las pensiones son menores a los sueldos percibidos mientras aún se esté activo.

En este caso, los docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) no pueden recibir más de 12 mil quetzales de pensión mensual, aunque  pueden llegar a ganar más de 20 mil quetzales estando activos.

Claro que las pensiones de los profesionales universitarios son muchísimo más ventajosas que las de los maestros del sector público, que actualmente ganan alrededor de Q6 mil 200 y estando jubilados reciben Q 5 mil 370, o de otros profesionales de cualquier rama.

A decir de Ortega, aún hay algunos jubilados –no especificó de qué rama– que reciben pensiones de 300 a 400 quetzales, casos que sí considera “lamentables”.

“Eso se da porque el fondo de pensión no tiene capacidad  y la universidad tampoco tiene capacidad para aumentar la pensión, lo mismo sucede con el Estado, lo mismo sucede con el IGSS –Instituto Guatemalteco de Seguridad Social– y con todas las instituciones que tienen fondo de pensiones”, explica Rodríguez.

INDEMNIZACIÓN

A cada servidor público que se jubila el Estado además le da una pequeña indemnización de retiro, que no tiene los mismos términos que la indemnización por despido.

El Secretario de la Junta Nacional de Servicio Civil, Víctor Gómez, dice que las indemnizaciones por despido son las otorgadas a los empleados una vez estos han dejado de laborar, a escogencia del patrono, en determinado lugar, y se entiende como una compensación, o un resarcimiento por el daño causado.

En cambio, la indemnización por jubilación es distinta pues este pago es resultado de “haberse acogido al régimen de clases pasivas”, dice.

A decir de Gómez, muchos de los jubilados confunden estos dos tipos de indemnización y cuando reciben dicho pago sienten que el Estado no recompensa su trabajo.  “La ley establece que para gozar de ese derecho se tomará en cuenta la fecha exacta en que el servidor entregó el cargo y la fecha en que la Oficina Nacional de Servicio Civil emita el acuerdo por jubilación”, explica.

La oficina encargada del proceso no puede tardar más de cuatro meses en completar el acuerdo, por persona.

SINDICALISMO Y FALTA DE PROTECCIÓN

Como se ha visto en los últimos años, la lucha de los sindicatos, específicamente de maestros, como el dirigido por Joviel Acevedo, ha logrado mejoras salariales para los docentes. Aun así, la situación cambia al momento de jubilarse.

“Mucha gente al llegar a los 65 años –edad para jubilarse– no lo hace, sigue trabajando, porque si renuncia pierde”, dice Rodríguez.

De acuerdo con Ortega, los sindicatos no protegen ni luchan por los derechos de los jubilados pues pasan a formar parte del Estado. “Ellos no le pasan mensualmente un pago que reciben los sindicatos y obviamente no les interesan”, expone.

Esto ha visibilizado la falta de protección hacia este sector que, en muchas ocasiones, se ha quedado recibiendo las migajas luego de trabajar por mucho tiempo.

Así, la pregunta es: el grupo de jubilados ¿a quiénes presionan para mejorar su situación? Y es que ahí radica la importancia de los sindicatos, en su poder de presión, poder que los grupos de pensionados no poseen debido a que su perfil de “pasivos” no es una amenaza para el funcionamiento del Estado.

Esa situación cambia para los profesionales activos, pues si decidieran entrar en huelga lograrían afectar al sistema y a miles o millones de personas. “No hay ninguna presión de que dejan de trabajar y afectan a más personas”, cuenta.

Por otro lado, al preguntar sobre otras profesiones sin capacidad de formar sindicatos como las fuerzas de seguridad, Rodríguez argumentó que a pesar de que no pueden organizarse en sindicatos estos cuentan con buenas prestaciones, planes de retiro, entre otras cosas. Aun así, el derecho a la libre expresión podría verse vulnerado.

El problema de las entidades autónomas que tienen programas de pensión, es que sus fondos pueden dar lugar al nacimiento de actos de corrupción. A decir de Rodríguez, las instituciones no solo no son suficientes para dar cobertura a pensiones sino que no tienen un gran respaldo económico que ayude a mejorar las condiciones de vida de las personas. “Todo tiene que  ver con la transparencia y con la prudencia del manejo de los fondos de pensión en cada institución”.

JUBILACIONES

María Isabel Bonilla, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), cuenta que en Guatemala existen diferentes sistemas de retiro dependiendo de la cotización de los trabajadores.

Los trabajadores cotizantes al IGSS del sector privado cotizan también una pensión de invalidez, vejez y sobrevivencia. Este es un sistema tripartito financiado por empresarios –los contratadores– y el Estado, sostenido por el pago de una contribución que no tiene relación con los beneficios que son ofrecidos.

En Guatemala, el Estado no ha honrado su obligación tripartita. “Hay una expectativa del beneficio de la vejez o de la jubilación pero el trabajador nunca va a recibir el equivalente a lo que aportó, es decir, no ahorran para su futuro. Ahorran en una cuenta general y no en una particular”, señala.

Al final de toda una vida productiva las personas reciben una pensión graduada o calculada por el IGSS que se le da a cada trabajador, con lo que el jubilado nunca va a recibir el cien por ciento de lo ahorrado para su vejez.

Esto se debe al diseño del sistema provisional del sistema de retiro que puede ser manejado por el IGSS, en su mayoría, en donde las cotizaciones son enviadas a este fondo común.

 “Al final lo que yo voy a recibir es una mensualidad que la calcula el IGSS, que también establece un máximo de pensión”, explica Bonilla. Actualmente, el sistema es de tipo solidario que financia las pensiones de los trabajadores pasivos con la de los activos.

Para la investigadora del Cien, este sistema no tiene mucho de solidario, pues el esfuerzo de cada trabajador es aprovechado por una mayoría, mientras que quien aportó más fondos recibe una igual cantidad que termina siendo insuficiente si de sobrevivencia se trata.

Según la experta de Asíes, las pensiones que los afiliados al IGSS reciben son muy bajas, por lo que algunos de los jubilados han optado por declararse en huelga de hambre o por apostarse frente al Ministerio de Trabajo (Mintrab) y Casa Presidencial.

El otro sistema es de las Clases Pasivas Civiles del Estado, en donde se incluye a  todos los trabajadores públicos, en el que se descuenta mensualmente al trabajador un porcentaje de su sueldo. Este sistema “no tiene ningún ahorro y las cuentas resultan ya insuficientes para lo que el trabajador tiene que recibir”.

Un problema es que las pensiones son altas pero no hay un fondo de ahorro por lo que el Estado tiene que echar mano de dinero de otros recursos provenientes de la recaudación de impuestos, como lo había indicado Rodríguez en un principio.

Esto quiere decir que lo acumulado en un año se invierte en el mismo período de tiempo, sin tomar en cuenta reservas. La diferencia en este sistema de retiro es que lo abonado al IGSS, por cada persona afiliada, gana intereses.

JUBILACIÓN VOLUNTARIA

Hace algunos años mediante el apoyo de instituciones internacionales se promovió la Jubilación Voluntaria, que resultó en un grupo de empleados retirados que fueron recontratados bajo otro tipo de contrato, pero que aún hoy reciben los beneficios de su jubilación.

Por otro lado, los pensionados que viven en el interior sí reciben la misma cantidad que los que viven en la capital; con la diferencia que allá la vida es más barata, más accesibles los servicios, por lo que las condiciones de vida podrían no estar tan afectadas.

Actualmente, muchas instituciones siguen amparándose bajo la Ley de Jubilación de Servicio Civil, con lo que sí hay un respaldo del Estado, pero no ocurre en todos los casos.

Es así que las pensiones dadas a los empleados del Estado necesitan ser revisadas y las legislaciones modificadas a manera de que los trabajadores pasivos gocen de mejores aportes económicos, que les permitan acceder a los servicios de salud, alimentos y otras necesidades que les apoyen hasta la vejez, y que al mismo tiempo no afecten los fondos de retiro de los trabajadores aun activos.