En un impresionante y fundamentado reportaje, los periodistas Rosmery González y Estuardo Paredes publicaron en Prensa Libre, con ilustrativas fotografías, la situación en que sobreviven de forma precaria, inadecuada y en parte inhumana, en las 22 cárceles del país, más de 14 mil sindicados o condenados que sobresaturan la capacidad de dichas instalaciones.

Al referirse en particular a la prisión preventiva localizada en la zona 18, reseñaron que en la misma están privados de libertad 3 mil 600 varones, los cuales, como se aprecia en las fotografías, en la mayoría de los sectores en que está dividido dicho preventivo, no tienen ni dos metros de espacio por persona. Para qué referirse a las instalaciones sanitarias o a los alimentos que se les proporcionan en cubetas o toneles de plástico, como también se aprecia en las fotografías publicadas.

Iguales o peores circunstancias son las que existen en las 21 cárceles restantes del país, todo lo que comprueba que las condiciones en las que están sobreviviendo son infrahumanas, ninguna persona de todas puede decirse que tiene condiciones más o menos tolerables, incluyendo al presidente Alfonso Portillo, que se encuentra detenido en un espacio localizado en Mariscal Zavala, donde escasamente caben cuatro camas, una mesa y anexo un servicio sanitario.

Qué diferente la realidad de lo que en algún momento personas malintencionadas publicaron que había en el país cárceles de 5 estrellas, incluso criticaron que en sustitución de las pilas hubiera un depósito de plástico donde en uno de los sectores en la zona 18 se acumulaba agua para poderse bañar, lavar alguna ropa y por supuesto lavar las cubetas, los toneles y los platos de plástico que se utilizaban por la mayoría de los detenidos para poder comer.

Sólo la experiencia de las personas que visitan a los detenidos y por supuesto de quienes, como en mi caso, han estado recluidos por una acusación fundada o infundada puede dar testimonio de la degradación en que los más de 14 mil detenidos tienen que vivir mientras su situación no es dilucidada en los tribunales.

Guatemala no es el único país con esa gravísima situación, países como Honduras, El Salvador y otros en Sudamérica tienen esa deplorable situación, más todo ello no significa que la misma continúe.

El actual gobierno heredó el problema del gobierno anterior y el anterior del anterior y así sucesivamente; sin embargo, la responsabilidad y solución es del Presidente, Vicepresidente, del Ministro de Gobernación, del director y demás autoridades de presidios. Varias son las alternativas para enfrentar el problema. Primero debe cumplirse con las normas constitucionales que establecen que los lugares de arresto o prisión preventiva deben ser diferentes de los lugares de cumplimiento de las penas. En cuanto a las personas que están preventivamente detenidas, los jueces y demás autoridades deben tomar las medidas para que a muchos de ellos se les permita el arresto domiciliario, incluso el arresto y control mediante un brazalete, con un localizador o GPS con lo que estas personas no le cuesten al Estado alimentación, servicios, habitación y hasta no demostrarse su culpabilidad, no se les confine en esas pésimas condiciones de cárcel.

En el país cada día hay más tecnología, perfectamente se puede contratar a una empresa privada o establecer una pública que proporcione el equipo electrónico y el monitoreo de quienes estén sujetos a los tribunales penales, logrando con ello que el tratamiento sea humano.

¡Guatemala es primero!