---

De acuerdo con un informe presentado por Amnistí­a Internacional, los principales sospechosos de muchas de las muertes violentas que suceden en el paí­s son miembros de la División de Investigación Criminalí­stica (Dinc), y todos los casos tienen similares caracterí­sticas, entre estas la que sobresale más son las señales de tortura con las que abandonan los cuerpos.

Ante esta denuncia recientemente Raúl Velásquez, ministro de Gobernación, se comprometió a investigar y dar seguimiento a casos de esta naturaleza, afirmando que llevará a la cárcel a los que resulten responsables.

Según Antonio Garcí­a, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), ellos trabajan en un estudio de casos similares como estos y en varias entrevistas con personas privadas de libertad han identificado que siempre señalan que han sido victimas de los abusos de parte de la Policí­a Nacional Civil (PNC), y en algunos casos, especí­ficamente, agentes del Dinc, quienes son señalados por testigos, también, de ser los responsables del rapto de jóvenes que no se les vuelve a ver hasta que aparecen mutilados.

Garcí­a detalló que a parte de la participación directa de elementos de la PNC en hechos de esta naturaleza también existe un descuido de parte de las autoridades para el tema de investigación, lo que hace que estos casos queden impunes y que el Estado se siga viendo involucrado en estos hechos.

Expresó que aún no se encuentran trabajando en casos concretos, pero que por lo menos un 30%%%%%%%% de los homicidios reportados anualmente en el paí­s tienen caracterí­sticas de ser extrajudiciales.

Ante estos señalamientos, Baltazar Gómez, director de la PNC, expresó desconocer por completo la existencia de denuncias de esta naturaleza contra de agentes de esa institución y que en todo caso se tendrí­an que presentar ante la ORP.

Expresó que las organizaciones antes de hacer públicas estas denuncias deberí­an de presentarlas ante los órganos correspondientes para poder investigar; «en cuatro meses que llevo a cargo de la institución, a mi despacho no ha llegado nada relacionado con el tema», afirmó Gómez.

El Grupo de Apoyo Mutuo, (GAM) reporta hasta noviembre 64 ejecuciones extrajudiciales, las cuales adjudican a miembros del Ejército y de la PNC que son contratados para asesinar a estas personas.

En comparación con 2008 los asesinatos de esta naturaleza han disminuido, según el GAM, quienes hasta noviembre de dicho año habí­an registrado por lo menos 118 homicidios extrajudiciales.

Según Mario Polanco, representante del GAM, en los últimos dos años (perí­odo presidencial de la UNE), se han elevado considerablemente las ejecuciones extrajudiciales, luego que en 2007 haya disminuido este tipo de prácticas.

En muchos casos los que promueven este tipo de actos son funcionarios de alto rango, «pueden ser hasta ministros», afirmó el entrevistado quien a la vez detalló que desde 1993, aproximadamente, se rompió un ví­nculo institucional en este tipo de homicidios y que en la actualidad gran número de los mismos ya son hechos por decisión individual de los agentes y no por órdenes superiores.

Muchas de las ví­ctimas son pandilleros o ex pandilleros, por lo que muchos vinculan esta situación con una limpieza social realizada de parte del Estado; Garcí­a explicó que esto nunca ha dejado de ser y que desde la época del conflicto armado interno -cuando se comenzó a incrementar estas prácticas- no ha desaparecido la «limpieza social».

Garcí­a explico que muchas veces la limpieza social se da de parte de la propia ciudadaní­a, quienes también toman la justicia por sus propias manos, ante un sistema que no garantiza su seguridad, y cito como ejemplo la conformación de comités de seguridad en las colonias, los cuales se encargan muchas veces de asesinar a jóvenes sólo por aparentar ser pandilleros, estigmatizados por su forma de vestir.

Mencionó casos ocurridos en varias colonias de la zona 12, donde detienen o asesinan a jóvenes únicamente por su vestimenta, porque viven en asentamientos o en zonas más marginales y en muchos casos también hay complicidad de parte de las autoridades, quienes no hacen nada por evitar esta situación o colaboran para que suceda.

CASOS

En San Juan Sacatepéquez, Garcí­a detalló que muchas veces se da que vecinos que conforman los comités de seguridad, allanan casas de personas señaladas de cometer algún ilí­cito y hacen justicia con sus manos, sacándolos de sus casas y desapareciéndolas.

El primero de cinco casos que presenta el informe de Amnistí­a Internacional, que fueron denunciados hace pocos dí­as en Europa ante la comunidad internacional, es el de un joven de 15 años de edad, hecho ocurrido en febrero de 2007, cuando según testigos presenciales manifestaron cómo introducí­an a la fuerza en una patrulla policial a Carlos López (los nombres presentados son supuestos para proteger a la familia de la victima).

Según tres testigos residentes en la calle cercana a la Comisarí­a local por la que Carlos iba caminando para ir a ver a su novia, unos policí­as lo secuestraron. La familia inmediatamente dio la voz de alarma y en compañí­a de la Oficina en Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), pusieron las denuncias ante las entidades correspondientes.

Dí­as después fueron citados los testigos, quienes se abstuvieron a declarar por temor a represalias y no quisieron acudir a una rueda de reconocimiento de los policí­as sospechosos. La familia de Carlos López no volvió a verlo nunca, el destino del mismo y su paradero nunca fue aclarado.

Otro de los casos relata que un dí­a de mayo de 2006, Lidia Osorio y Manuel Aguirre, iban en un automóvil luego de que él pasara por ella a su casa, Aguirre no tení­a trabajo fijo por lo que autoridades policiales sospechaban de que se dedicaba a la compra y venta de vehí­culos robados, mientras que Osorio laboraba en un banco del sistema.

Durante su recorrido por una de las zonas de la ciudad capital un autopatrulla les hizo un alto y al solicitarle los papeles del vehí­culo aparentemente no los cargaba, lo que ocasionó que los agentes los insultaran y se llevaran a la pareja que nunca más volvió a ser vista con vida.

Tres meses y medio después de lo ocurrido y en trámite todas las denuncias de los padres de familia de ambas victimas, el Fiscal a cargo del caso logró entrevistar a tres policí­as que habí­an estado en un supuesto retén policí­aco que habí­an instalado en ese lugar, el dí­a de lo ocurrido, dos de ellos admitieron haber estado allí­ pero no al momento de que la pareja pasó por el lugar, ya que se encontraban desayunando en un café cercano, mientras el otro interrogado manifestó no acordarse de su participación en dicho puesto de registro por el tiempo transcurrido.

El mayor esfuerzo de las investigaciones se centró en determinar la procedencia del automotor en el que se transportaba la pareja, logrando confirmar que sí­ era robado, mientras que seis meses después del secuestro de las victimas, los cuerpos de los dos aparecieron en una carretera de una zona rural a poca distancia del casco urbano de esta capital, fueron encontrados por un grupo de agricultores en estado de descomposición y con la misma ropa que llevaban el dí­a del rapto.

En enero de 2008 fueron encontrados los cadáveres de Edward González, de 17 años, y de Freddy Colindres, de 23, junto a una carretera en una zona boscosa a 30 minutos de la ciudad capital, este es el tercer caso que detalla el informe.

Ambos cuerpos fueron localizados con el tiro de gracia y con señales de haber sufrido varios tipos de estrangulación.

Familiares de las victimas relataron a Aministí­a Internacional, que ambos estaban implicados en hechos delictivos y que al parecer pertenecí­an a una banda que robaba celulares, motocicletas y vehí­culos.

Los mismos familiares de las ví­ctimas afirmaron que una noche antes del hallazgo, los dos salieron a beber unos tragos, en el lugar tuvieron problemas con otro joven y vecinos del sector intentaron lincharlos, luego llegó la Policí­a quienes los lograron subir a un autopatrulla y aseguraron que los llevarí­an a un hospital, al dí­a siguiente fueron encontrados sin vida.

Amnistí­a tuvo acceso al expediente del caso cinco meses después de ocurrido y hablando con el Fiscal a cargo, les comentó que a ambas ví­ctimas las relacionaban con una banda de extorsionistas y que presumí­an que habí­an sido asesinados por pilotos del servicio colectivo, sin embargo, no habí­a ninguna entrevista con testigos de lo ocurrido, ni una investigación profunda del caso.

Dí­as más tarde fue asesinado el joven de 17 años, Tomás Pérez, a quien lo vinculaban con los dos ya mencionados, junto al cuerpo estrangulado de la ví­ctima habí­a una nota en donde advertí­an a los muchachos del sector que de continuar delinquiendo ese serí­a su paradero.

Erick Quito, se convirtió en la sexta victima de esta cadena de asesinatos en dicha zona, este ultimo fue abatido a tiros, según residentes de la localidad, quienes declararon a Amnistí­a, en la misma opera un grupo clandestino de seguridad integrado por ex policí­as, policí­a activos y personas civiles, quienes al sospechar de algún delincuente toman la justicia con sus manos.

El cuarto caso data agosto de 2007, cuando Ricardo Valdez fue detenido por una patrulla militar luego de que discutiera con su mujer. Valdez habí­a salido a tomar con sus amigos, al ir comprar más bebidas para el grupo su mujer lo encontró y comenzaron a discutir, vecinos al ver la discusión enfurecida alertaron a las autoridades quienes al llegar trataron de dominar la situación y se llevaron a Valdez, quien ya no volvió a ser visto con vida.

Al dí­a siguiente el cuerpo fue encontrado sin vida, con señales de estrangulación y por lo menos seis disparos, en una zona boscosa cerca de su vivienda.

18 meses después del suceso, el Fiscal a cargo del caso solicita al Ministerio de la Defensa que diera los datos de los elementos que habí­an estado trabajando ese dí­a y en ese lugar, algo que hasta el momento no han brindando.

El último de los casos denunciados por Amnistí­a Internacional, relata cómo a comienzos de 2007, los hermanos José y Mario Orozco, y Luis Méndez, fueron secuestrados por elementos de la Policí­a que llegaron a un taller en el que trabajaban y luego de golpearlos se los llevaron.

Los cuerpos de dos de ellos fueron descubiertos al dí­a siguiente en un sitio baldí­o a una hora de la ciudad capital, con señales de haber sido estrangulados y la autopsia demostró que habí­an muerto por asfixia. José Orozco nunca fue encontrado y se desconoce su paradero.