Luego de que el mandatario guatemalteco, ílvaro Colom, vetara la ley que restituí­a el indulto presidencial contra la pena de muerte, el tema sigue generando polémica, en torno a otros matices de la pena capital.

Tal es el caso de las recientes declaraciones que hiciera Philip Alston, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

«El derecho internacional no prohí­be a Guatemala la imposición de la pena de muerte. Sin embargo, no puede restablecer la pena de muerte de forma encubierta», según las palabras de Alston.

Esto ha sido declarado en referencia de que en Guatemala existen indicios de que persisten ejecuciones extrajudiciales, lo cual implica que, aunque no se haya ejecutado una pena capital, ésta se ejerce en la práctica.

Asimismo, refiere Alston, que el veto al indulto presidencial aún corre riesgo de revertirse, según la decisión que pudiera tomar el Congreso de la República. «Esta Ley sólo puede entenderse como un intento de evadir los requisitos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos», dijo Alston.

«Si el Congreso tiene tanto interés en defender el Estado de Derecho a través del restablecimiento de la pena de muerte, debe hacerlo de conformidad con el Estado de Derecho Internacional y no ignorar las decisiones emitidas por el Comité de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con Guatemala», afirmó.

El relator especial de la ONU ya habí­a realizado una visita al paí­s en el 2006, en donde observó la situación de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en Guatemala tras su visita al paí­s en 2006.

Alston hizo un llamado al Congreso para que no anule el veto presidencial al decreto y para que en cambio se comprometa a trabajar en la elaboración de una ley que regule el ejercicio del derecho a la clemencia de conformidad con los requisitos establecidos en el derecho internacional.