Hace pocos dí­as surgió la propuesta de la bancada LIDER y su figura principal Manuel Baldizón, sobre la aplicación de la pena de muerte como medida para combatir la violencia e inseguridad.

Es obvio que su propuesta, en una sociedad amedrentada por actos de terror -cabe destacar planificados y ejecutados con tal precisión- resuene positivamente, al ver en su aplicación la mágica solución a todos los problemas.

Pero resulta contradictorio asegurar que la violencia se combate con violencia. ¿Hasta dónde es seguro afirmar que los criminales la pensarí­an dos veces antes de cometer los crí­menes? ¿Hasta dónde es seguro afirmar que los autores intelectuales y materiales pagarí­an por igual?

¿Quiénes serí­an los ejecutados? Es seguro que no aquellos criminales que tienen suficiente dinero como para pagar su libertad, cuentan con influencias necesarias o puestos de poder que les garantizan impunidad.

Los clamores de pena capital, como bien apuntó el escritor y periodista Eduardo Galeano en una ocasión, se ajustan a los asesinos de navajas, ¿pero dónde quedan aquellos que con su indiferencia matan a cientos de niños y niñas de hambre?

Los datos no cuadran, en Guatemala uno de cada dos menores de cinco años sufre desnutrición crónica, pero sólo el ocho por ciento de productores posee el 80 por ciento de la tierra cultivable, y para colmo, esa tierra que bien podrí­a destinarse a la producción de alimentos, es utilizada para sembrar monocultivos de exportación como la caña de azúcar y la palma africana. ¿Dónde quedan esos criminales que se quedan con este paquete?

En el Congreso de la República, una iniciativa de ley que contaba con dictamen favorable de la Comisión de Agricultura, Ganaderí­a y Pesca, y que además es el producto de más de 10 años de trabajo de organizaciones sociales, indí­genas y campesinas, fue entrampada en un proceso que pinta extenderse hasta el infinito.

Iniciativas como la Ley de Desarrollo Rural Integral, que buscan acabar estructuralmente con problemáticas como la pobreza, inseguridad, entre otros, que someten a la mayorí­a de la población, quedan entre «agendas descartadas» o son calificadas de «panfletos marxistas».

¿Se aplicarí­a la pena de muerte a quienes detienen su avance en el Congreso? ¿Por dónde empezarí­amos?

La bancada LIDER es una de tantas que no ha impulsado su aprobación dentro del hemiciclo y tampoco contribuyen las cámaras empresariales y sus representantes.

Serí­a acertado que quienes se oponen a la iniciativa 40-84 y para quienes resulta más cómodo castigar que cuidar y garantizar la erradicación de esa problemática, le apostaran a las soluciones de raí­z y al análisis de las verdaderas causas que los generan.

Es urgente que antes de salir con brillantes ideas sobre la pena capital, esos sectores se comprometan a la lucha contra los antecedentes que por siglos han mantenido al paí­s en situación de muerte. Es una sentencia, una verdadera pena de muerte que dictan ellos mismos contra la población, al no asumir el compromiso de legislar a favor de la vida.