Más que la pena de muerte, la Convergencia por los Derechos Humanos solicita la aplicación de leyes de seguridad y justicia, sobre todo las que se encuentran vigentes, así como las que están engavetadas en el Congreso de la República. Además exigen al presidente ílvaro Colom que, como ya anunció, vete la ley por ser contraria al ordenamiento jurídico nacional e internacional.
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La pena de muerte es un síntoma de una cultura de violencia. «No a la pena de muerte, sí a condenas justas», fueron las palabras de los representantes de la Convergencia, quienes aseguran que esta medida es con fines eminentemente electorales a favor de los partidos políticos; así como aprovechándose de la desesperación de los ciudadanos y ciudadanas que viven el clima de violencia e inseguridad prevaleciente en el país.
Oswaldo Samayoa, director de Incidencia Política, dijo que las prácticas legislativas demuestran que los diputados no tienen interés en impulsar y aprobar la agenda de seguridad y justicia para fortalecer la institucionalidad del sistema de administración de justicia.
Samayoa indica que la Ley de Policía de investigación criminal, la Ley de servicios privados de seguridad, Ley nacional de juventud, Reformas sobre carrera en la Ley Orgánica del Ministerio Público, reformas a la Ley de Amparo y Ley de enriquecimiento ilícito, tendrían que ser aprobadas, ya que se encuentran engavetadas en el Legislativo.
Claudia Samayoa, de la Unidad de Defensores de Guatemala, aseguró que «con esta ley no se solucionaría la problemática de seguridad y justicia que vive el país; hay otras formas para poder hacerlas valer, pero como estamos en tiempos electorales esto será un tema de aprovechamiento por parte de los políticos».
Asimismo, Jorge Santos, representante del Centro Internacional en Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), agregó que esta ley es una forma que los políticos y diputados pueden usar ante la desesperación de los guatemaltecos por el clima de inseguridad e injusticia.
Además, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) solicitó al presidente Colom vetar la pena de muerte.
Los diputados de la bancada del partido Libertad Democrática Renovada (Lider) -ponente de la iniciativa de ley que restablece el indulto presidencial para la pena de muerte-, realizó una visita al módulo de inyección letal, el cual se encuentra en el interior de la granja penal de rehabilitación Pavón.
El objetivo de la visita era reconocer el estado del módulo, el cual se encuentra parcialmente deshabilitado, debido a que lleva sin funcionar varios años. El decreto legislativo -que aún está pendiente de ser conocido por el Presidente del Ejecutivo- entraría en vigencia en enero de 2012.