«Ante la visible debilidad del sistema de justicia, distintos sectores manipulan su posición ante la pena de muerte», dice Mario Minera, director del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH.

Minera afirma que el gran problema en Guatemala es la existencia de la impunidad histórica que se ha ido heredando a partir del conflicto armado interno y que ha generado una situación actual de mucha violencia. «En la Convergencia en Derechos Humanos estamos a favor de la abolición de la pena de muerte y coincidimos en la decisión del Presidente por vetar la ley».

«Al aprobar la pena de muerte, se viola inmediatamente el derecho de defensa del ciudadano, ya que muchos no cuentan con la capacidad económica para contratar un abogado y poder defenderse como se les merece».

Jorge Santos, del Centro Internacional en Investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH- dice hay suficiente evidencia que muestra que aquellos Estados que aprueban esa sanción no obtienen una disminución considerable de los hechos delictivos.

«Los polí­ticos de ahora consideran la discusión de la pena de muerte como un show polí­tico y ofrecen a la ciudadaní­a soluciones de corto plazo», refiere Santos.

De la misma forma, Santos dice «el Congreso tendrá que respetar esta vez la decisión del presidente al vetar la ley y no someterse a una supremací­a», esto al referirse que en el año 2008 ílvaro Colom vetó por primera vez esta ley los diputados tuvieron la poca seriedad de hacer un copy paste del mismo decreto, por lo que al presidente no le quedó más que hacer el mismo veto.