La pena de muerte cuesta centenares de millones de dólares a los estadounidenses, incluso cuando no termina en una ejecución, un absurdo en tiempos de crisis económica, según un informe que plantea su abolición.
«En el clima económico actual, es poco probable que una ley que instaurara la pena de muerte pasara hoy, en vista de los 25 millones de dólares que los contribuyentes deben desembolsar por ejecución», señala Richard Dieter, director del Centro de información sobre la pena de muerte (DPIC) en un informe publicado el martes.
A manera de ejemplo ante la falta de estudio exhaustivo sobre el tema, «por un solo proceso que implique la pena de muerte, el Estado debe pagar un millón de dólares más que por un proceso sin pena de muerte».
Pero luego, uno de cada tres casos termina en la pena capital en promedio, y de diez sentencias a muerte sólo una termina en ejecución.
«En resumidas cuentas, el costo para el Estado se eleva a 30 millones por ejecución», explica el estudio.
Bajo el título «inteligencia contra el crimen», este informe es publicado una semana después de que un sondeo mostrara que el 65% de los estadounidenses eran favorables a la pena de muerte.
La pena capital es legal en 35 estados norteamericanos, pero sólo una decena la aplica. En el último invierno (boreal), su práctica fue cuestionada en 11 estados principalmente por sus costos.
En Colorado (oeste), faltó un voto para su abolición, en Connecticut (nordeste) la ley pasó pero el gobierno impuso su veto. Solo en Nuevo México (sudoeste) el castigo fue abolido en marzo.
«No hay ninguna razón para que no se discuta la pena de muerte, como cualquier otro programa que sea muy oneroso pero ineficaz», señaló Dieter, subrayando el «absurdo» de mantener un sistema cuando en la mayoría de estados donde en los últimos 30 años las ejecuciones se cuentan con los dedos de la mano.
«Los mismos estados que gastan millones de dólares en la pena de muerte sufren otras reducciones presupuestarias en su sistema judicial», explica.
A continuación enumera: 200 puestos de policías quedaron vacantes en Pensilvania (este), durante un mes se interrumpieron los procesos para ahorrar en New Hampshire (nordeste), la caída del 10% de los fondos judiciales en Florida (sudeste)…
Dieter descarta de plano la posibilidad de mantener la pena de muerte reduciendo sus costos: limitar los gastos durante el proceso aumentaría en efecto el riesgo de ejecutar a un inocente o de no tener en cuenta las circunstancias atenuantes.
Asimismo, en el fondo la pena de muerte no ha surtido el efecto disuasivo que suponía.
Además de haber sido abolida en las grandes democracias occidentales, en el caso de New Jersey (noreste) hubo una reducción de los homicidios desde que la pena capital fue abolida a finales de 2007.
Dieter también se apoya en un sondeo contratado por el DPCI y realizado a 500 responsables de Policía locales.
Según ese estudio, las autoridades pusieron a la pena de muerte en el último lugar de los instrumentos eficaces contra el crimen, y se mostraron a favor de que los recursos sean reorientados hacia programas de prevención contra la droga y el alcohol.