En un paí­s con uno de los niveles de violencia más altos del mundo, que se cobra miles de ví­ctimas mortales anualmente, la pena de muerte se ha convertido en uno de los ejes de la recta final de la campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala, que se celebra este domingo.

Tanto el derechista general retirado Otto Pérez Molina, como el socialdemócrata ílvaro Colom, no tienen dudas de que, de ganar las elecciones el 4 de noviembre, aplicarán la pena capital a través de una inyección letal contra los reos condenados a muerte.

Actualmente, alrededor de 30 reos se encuentran en el denominado ’pasillo de la muerte’ y sus procesos están estancados, toda vez que el ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004) se negó a conocer los recursos de gracia que por ley le competí­an.

Es más, el ex mandatario ofreció, en julio de 2002, buscar los mecanismos legales para abolir la pena de muerte en Guatemala, como un agradecimiento a la tercera visita que el Papa Juan Pablo II realizarí­a a este paí­s centroamericano ese mismo mes.

Sin embargo, el ofrecimiento no se concretó y ahora existe un vací­o legal sobre quién recae la responsabilidad de otorgar el indulto, aunque la Constitución establece al presidente la potestad de ordenar que se cumpla o se perdone la sentencia capital contra los que hayan sido condenados a la misma.

«Ya se siguió todo un proceso judicial y el sistema los condenó a muerte. Los delitos que cometieron están contemplados dentro de la ley como sancionables con esta pena. Lo menos que se debe hacer es que se cumpla la ley», afirmó el militar.

«Si al presidente le asignan ese recurso de gracia, yo, como presidente, no voy a perdonarle la vida a alguien porque no se trata de que si yo quiero o no, sino que se siguió todo un proceso y lo único que le queda al presidente es ver que efectivamente se cumplió con el debido proceso y de ser así­ no tendrí­a por qué oponerme», insistió.

En el mismo sentido se manifiesta Colom, quien coincide con Pérez al indicar que son casos que han seguido un proceso y que, según las leyes guatemaltecas, los condenados a la pena capital cometieron delitos que los hicieron acreedores a dicha sentencia.

Tras el rechazo de Portillo a que el presidente conozca los recursos de gracia, el Congreso tendrá que decidir si modifica o mantiene esa disposición de la Constitución Polí­tica de Guatemala.

En tanto, la analista de la Fundación Myrna Mack, Carmen Aí­da Ibarra, sostiene que la pena capital deberí­a abolirse, toda vez que está demostrado que la misma no es funcional para contrarrestar los í­ndices de violencia que se viven en el paí­s.

Y es que en esta nación centroamericana un promedio de 15 personas pierden la vida diariamente en hechos de violencia, aunque los fines de semana el número asciende a más de 30 ví­ctimas.

Según las autoridades guatemaltecas, la delincuencia común y venganzas entre integrantes de bandas del crimen organizado son los responsables de esas muertes.

La pena de muerte es aplicada a casos de alto impacto, como violaciones, plagios o secuestros, cuando las ví­ctimas hayan muerto.