El Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS) solicitará que Alberto Rotondo, exjefe de seguridad de la Minera San Rafael, enfrente proceso penal por el delito de asesinato en grado de tentativa, por la agresión con armas de fuego en contra de siete comunitarios que protestaban contra la actividad minera.
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Rafael Maldonado, abogado de CALAS, informó que el próximo 5 de agosto en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Barberena, Santa Rosa, se realizará la audiencia para pedir que Rotondo enfrente juicio por lo acontecido el pasado 27 de abril, cuando un grupo de comunitarios fueron agredidos por supuestos agentes de seguridad de la minera San Rafael.
Aunque el Ministerio Público (MP) ya presentó la acusación formal contra Rotondo por los delitos de lesiones graves, lesiones leves y obstrucción a la persecución penal, CALAS, que actúa como querellante adhesivo en el proceso, buscará que el caso se encause por el ilícito de asesinato en grado de tentativa.
De acuerdo con Maldonado, existió una “preparación” para ejecutar los disparos en contra de las personas que manifestaban en contra del trabajo de la mina.
“Los testigos claramente relatan como él (Rotondo) ordenó que los mataran, allí había preparación para hacerlo”, manifestó y agregó que sustentaran su petición con las escuchas telefónicas en manos de la Fiscalía, que comprobarían tal extremo.
LA DEFENSA IMPUGNA
Semanas atrás, la Sala Regional Mixta de Jalapa de Apelaciones, resolvió revocar la medida sustitutiva que favoreció al exjefe de seguridad de la mina San Rafael, y ordenó que debía guardar prisión preventiva.
Dicho fallo fue impugnado por los abogados defensores de Rotondo, a través de un amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que aún no ha sido resuelto.
LOS SEÑALAMIENTOS
El pasado 27 de abril fueron agredidos por arma de fuego siete comunitarios que protestaban en contra de la actividad minera. Según las escuchas telefónicas con las que el MP ha sustentado la investigación, Rotondo dio la orden de atacar a los vecinos de este lugar; tres días después pretendía huir del país, pero fue detenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
El 7 de mayo pasado, el Juzgado de Santa Rosa escuchó la primera declaración del exjefe de seguridad, y lo ligó a proceso por tres delitos, pero evadió ir a prisión con el beneficio de arresto domiciliario.
Juan Pablo Oliva Trejo, supuesto asesor de la minera, también enfrenta proceso por el delito de encubrimiento propio. El juez dictó como medidas sustitutivas el arraigo, prohibición de salir del país y la obligación de presentarse a firmar en un juzgado cada 15 días.