El crimen organizado parece no conocer frontera alguna. El 15 de enero próximo el Ministerio Público de El Salvador pedirá la extradición de una banda que se dedica a la extorsión en aquel país, la cual está integrada por al menos doce guatemaltecos. Investigadores del vecino país tienen documentados 24 casos que implican a connacionales en hechos delictivos.
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Debido al surgimiento de nuevos elementos de investigación en el caso, la Fiscalía Contra Extorsiones de El Salvador debió posponer la solicitud de extradición de doce guatemaltecos que fueron identificados como operadores de la banda.
Alan Hernández, fiscal que realiza las investigaciones en El Salvador, explicó entre los elementos investigativos que están analizándose se encuentran las constancias de cobros los implicados habían hecho en Guatemala, las cuales les dieron a conocer la existencia de un considerable número de pagos que no habían sido denunciados por víctimas salvadoreñas, por lo que la fiscalía tuvo que contactar a las nuevas personas afectados y verificar si pondrían la denuncia.
La Fiscalía Antiextorsiones de El Salvador aún tiene pendiente confirmar si algunas empresas han recibido dinero de cobros de remesas y cuáles han sido las sumas de éstas «Es importante para nosotros completar la información para efectuar la judicialización», subraya Hernández.
Balance
Javier Monterroso, analista en temas de seguridad y justicia opinó que en este tipo de casos es también importante darle seguimiento a las acciones que efectúen las autoridades guatemaltecas en cuanto a la captura, ya que El Salvador la solicita pero Guatemala la ejecuta.
Según información del Programa de Fortalecimiento a Organizaciones en Temas de Seguridad (FOSS), en el Ministerio Público de El Salvador trabajan más fiscales, pero Guatemala tiene mayor presupuesto.
En el caso de la Policía el analista del FOSS explicó además que la del vecino país, «a pesar de tener deficiencias, está mejor capacitada y tiene mayor percepción social que la de Guatemala».
El FOSS desconoce el seguimiento que se le da en El Salvador a los casos del Crimen Organizado, por lo que sólo en términos globales podría calificar una mayor efectividad en cuanto a la persecución penal de ese país y no en el caso de hechos del crimen organizado.
Datos comparativos
Monterroso expuso tener datos comparativos sobre el tema de efectividad, tanto en Guatemala y El Salvador, en los casos de delitos contra la vida tanto del Ministerio Público como la Policía.
«En el caso de El Salvador se encuentran en una situación de impunidad muy grave, sin embargo está mejor que aquí, en el caso de delitos contra la vida», subrayó el entrevistado.
El analista explicó que es más accesible hacer mediciones en los casos arriba citados ya que en otros pueden existir diferentes salidas procesales, no así en los casos de homicidios. «Hemos medidos la efectividad de Guatemala, la cual se encuentra entre el 2 y 3 por ciento, y en El Salvador hablamos de un 14 por ciento, la cual no es muy alta pero es mayor que la de éste país», detalló Monterroso.
Que los órganos de investigación tengan mejor capacitación y con buen seguimiento y monitoreo, son algunos de los factores que según el analista podrían influir para que la operatividad investigativa en El Salvador esté arriba de la de Guatemala, en términos generales.
Casos
El fiscal Hernández indicó que tienen documentados por lo menos 24 casos en los que guatemaltecos están implicados en extorsiones. «Tenemos información documental sobre otros casos más pero queremos confirmar que se trata de extorsiones y no de otro tipo de arreglos. No es nuestra intención generar un caso de espuma en el que se atente contra la integridad de guatemaltecos», detalló.
De los anteriores casos, el Ministerio Público del referido país no ha solicitado la captura o extradición de ningún guatemalteco, las autoridades salvadoreñas buscan identificar debidamente a los implicados para hacerlo, por lo que se mantienen en constante contacto con la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de ésta país.
El fiscal salvadoreño que investiga el caso aseguró, en primer lugar, que la banda en mención posee información extraída de recibos, tarjetas de presentación, o una guía telefónica de aquel país en la que recopilan datos genéricos sobre sus víctimas.
Posteriormente, «un señuelo» solicita información en cuanto a los giros económicos de las empresas, haciéndose pasar como alguien interesado en servicio para saber cuales son los costos cobrados por éstos, así como la cantidad de trabajo que poseen para calcular la capacidad de pago que tienen las víctimas.
Los «señuelos» buscan ser referidos con gerentes o propietarios de los comercios, acción a la cual regularmente acceden los encargados de éstos, por razones de negociación. Una vez recopilados los datos, el «negociador», quien se identifica como el jefe del crimen organizado de Centroamérica y Panamá o el jefe de la Mara Salvatrucha de Centroamérica, se comunica con los propietarios o gerentes y le informa sobre la ubicación de la empresa, cuánto ganan y les indican que hay personas vigilándolos y que tienen una lista de personas que pueden morir si no acceden a la extorsión.
La primera exigencia de la banda consiste en el «pago» de los gastos en los que han incurrido por vigilar a sus víctimas. í‰stos van desde los US $ 1 mil hasta los US $25 mil en algunos casos. Hay negociaciones que inician con el pago de US $ 100, informó la fiscalía de El Salvador.