La solicitud de indemnización por aproximadamente 6,5 millones de dólares que plantearon Ingrid Betancourt y su familia al Estado colombiano ha hundido la imagen de la ex candidata presidencial, a la vez que abrió el debate sobre las responsabilidades por el secuestro en este país.
La petición de indemnización por el secuestro que sufrió durante más de seis años desató una oleada de críticas entre funcionarios gubernamentales, dirigentes políticos y gente del común, al punto que Betancourt declaró que fue malinterpretada y a la postre admitió que se arrepentía por esa acción.
Sin embargo, la solicitud de conciliación no ha sido retirada aún, y la Procuraduría de Colombia se apresta a fijar una fecha para la primera audiencia, indicó una fuente de esa instancia.
El tema ha sido objeto de debate durante los últimos días, en los que la ex candidata presidencial del partido Oxígeno Verde -secuestrada por las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2002 y liberada por la fuerza pública colombiana en 2008- ha sido tachada de «egoísta», «caprichosa» e incluso «falsa» por columnistas de opinión, y lectores y escuchas en los programas radiales y los espacios de internet.
El episodio parece cerrar a Betancourt, quien también fue senadora, las posibilidades de regresar a la vida política en Colombia, de donde partió horas después de su rescate hace dos años.
En particular, las autoridades colombianas han destacado que Betancourt fue alertada varias veces del peligro que corría al intentar viajar a la zona de San Vicente del Caguán, donde fue plagiada en febrero de 2002, e incluso aseguran que entonces firmó un documento en el que asumía su responsabilidad por ese desplazamiento.
Betancourt se defendió diciendo que el pedido fue hecho en «un afán de solidaridad con otros secuestrados para que se les indemnice».
«Esa suma no representa nada per se, es la posibilidad de darle legitimidad a la aspiración de indemnización a otras familias», dijo en una entrevista al Canal Caracol, concedida el domingo desde Nueva York.
De hecho, el procedimiento iniciado por Betancourt y sus familiares ha abierto la puerta al debate sobre el alcance en la reponsabilidad del Estado por los secuestros que ocurren en Colombia, y varios ex cautivos analizan la posibilidad de intentar acciones similares.
Así, Sigifredo López, ex diputado departamental que fue rehén de las FARC, señaló este lunes que evalúa la posibilidad de pedir una reparación, al asegurar que su caso «es muy distinto. Yo no me arriesgué, yo estaba trabajando», en el momento de su secuestro.
Para Edgar Gómez, directivo de la asociación País Libre, que estudia el secuestro en Colombia, este tipo de procedimientos difícilmente pueden dar resultados.
«El Estado tiene el deber de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, lo que incluye las libertades y condiciones mínimas de seguridad. Pero muy pocas demandas tienen curso, porque es muy difícil probar responsabilidad del Estado, ya sea por acción o por omisión», señaló Gómez.
«En Colombia operan desde hace más de 40 años grupos armados al margen de la ley, y el Estado no puede asumir la seguridad de sus ciudadanos en las zonas donde otros factores son más fuertes que él. Sería como si los contratistas que operan en Irak demandaran a ese país por los secuestros que sufren», opinó.
Las FARC, la guerrilla más antigua y numerosa de Colombia, mantiene cautivos a 19 militares y policías que pretende canjear por subversivos presos, así como a un número indeterminado de civiles por motivos económicos.
La política colombo francesa Ingrid Betancourt, ex rehén de la guerrilla FARC, descartó que vaya a demandar al Estado colombiano por su secuestro y dijo estar arrepentida de haber tramitado una solicitud de indemnización de 6,9 millones de dólares.
«No hay ni habrá ninguna demanda. No hay ningún ataque contra el gobierno que me liberó, contra el presidente (Alvaro) Uribe al cual le debo todo el agradecimiento ni contra las Fuerzas Militares. Las únicas culpables de mi secuestro son las FARC y quienes me liberaron fueron los héroes», señaló.
En una entrevista con los privados Caracol Radio y el Canal Caracol, Betancourt -que pasó más de seis años secuestrada- explicó que la millonaria solicitud de indemnización que ella y sus familiares presentaron buscaba «un afán de solidaridad con otros secuestrados para que se les indemnice».
«Esa suma que es astronómica y prácticamente absurda es simbólica, porque es muy difícil pretender tasar el sufrimiento de las familias víctimas del terrorismo. Esa suma no representa nada per sé, es la posibilidad de darle legitimidad a la aspiración de indemnización a otras muchas familias que merecen ser indemnizadas», dijo la noche del domingo.
La ex rehén de las FARC y sus familiares presentaron el 30 de junio dos solicitudes de conciliación extrajudicial, en las que pedían una compensación por los daños económicos y morales sufridos, lo que levantó una fuerte polémica en Colombia.
Al ser interrogada sobre las reacciones adversas en su país, Betancourt admitió: «Si, me arrepiento de haberlo hecho».
«Es doloroso saber que esa fue la impresión que tuvieron los colombianos. Quiero decirles que yo amo a mi patria y que me duele mucho lo que ha sucedido», enfatizó la ex candidata presidencial colombiana desde un estudio de TV de Nueva York.
La ex rehén -que también tiene nacionalidad francesa- se quejó de desinformación y tergiversación en torno a su pedido. «Se me señalo como una persona imprudente y loca, es algo que me ha perseguido durante todos estos años. Ahora que estoy libre quería tener la posibilidad de compartir lo que viví», dijo en medio de las lágrimas.
Betancourt criticó en particular al ex presidente Andrés Pastrana (1998-2002) por no haberle brindado seguridad cuando se dirigió hacia San Vicente del Caguán (sur), donde acababa de darse por terminado un intento de diálogo entre ese gobierno y las FARC, y subrayó que ella no fue «irresponsable» al desoír las recomendaciones para no continuar con ese viaje.
«Yo no fui irresponsable ni entonces ni ahora. Ese gobierno me quitó los escoltas y los miembros del cuerpo de seguridad y tienen una responsabilidad en ello», añadió Betancourt y subrayó que no recordaba haber firmado un documento en el que asumía la responsabilidad de proseguir con el viaje.
El gobierno colombiano así como diferentes sectores políticos, incluso varios ex rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), expresaron su rechazo por la solicitud de Ingrid Betancourt, rescatada el 2 de julio de 2008 en la Operación Jaque.
«Es un premio mundial a la ingratitud y a la desfachatez. Estoy indignado, triste y desilusionado», dijo el vicepresidente colombiano Francisco Santos.
Betancourt, los estadounidenses Marc Gonsalves, Thomas Howes, y Keith Stansell y una docena de policías y militares colombianos fueron liberados en julio de 2008 tras un cinematográfico rescate por parte del Ejército colombiano.