El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque, anunció que ayer abrió un expediente con el que pretende realizar una investigación sobre las causas y las acciones realizadas en el establecimiento del Estado de Sitio en cuatro municipios de los departamentos de Santa Rosa y Jalapa.
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En conferencia de prensa, De León Duque informó que existe preocupación en torno a las acciones que las fuerzas de seguridad del Estado están ejecutando tras la instalación del Estado de Sitio en los municipios de Casillas y San Rafael las Flores –departamento de Santa Rosa, así como en Jalapa y Mataquescuintla –departamento de Jalapa–.
De esa cuenta, solicitó al Ministro de la Defensa, Ulises Anzueto y al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, que informen sobre los planes de contingencia, los nombres de los responsables de los operativos, los agentes participantes, así como los tipos de armas y vehículos que están utilizando en los operativos.
El objetivo es verificar que las acciones se enmarquen en el respeto a los derechos humanos en el Estado de Sitio, con el cual dijo no estar de acuerdo.
El Procurador asegura que la situación es preocupante y lamentó la pérdida de una vida humana, en referencia al agente policial que murió a inicios de la semana en San Rafael Las Flores.
De acuerdo a las causas del establecimiento del Estado de Sitio, el PDH dijo que hay una mezcla de conflictividad social, que tiene origen en la instalación de la minerías en los municipios de San Rafael las Flores, aunque también indicó que también se debe a las acciones cometidas por grupos que se dedican a realizar hechos delictivos en la región.
El magistrado de conciencia explicó que ha mantenido conversaciones con los implicados, tanto con miembros del ejecutivo, como ministro de Gobernación y Defensa Nacional, como con alcaldes de los municipios que se encuentran sitiados por las fuerzas de seguridad nacional.
De León Duque también hizo un llamado al diálogo a las partes involucradas, ya que asegura que esta medida no ha sido tomada por el Ejecutivo y que es preocupante, ya que la conflictividad social en torno a la instalación de empresas mineras no es un algo nuevo en la realidad nacional.
El PDH aseguró que la falta de diálogo sólo puede generar ingobernabilidad en el país, ya que el Estado de Sitio no viene a resolver a fondo los problemas que presentan dichas regiones, que es necesario resolverlos de manera incluyente.
Lo dicho por el magistrado de justicia, viene a contradecir las declaraciones y la justificación de acciones que ha hecho el presidente, Otto Pérez Molina, ya que de acuerdo con el mandatario, la principal y única causa de declaración de Estado de Sitio es debido a organizaciones delictivas en el área, como crimen organizado y narcotráfico, descartando totalmente el tema de la conflictividad a raíz de la minería.