Delia Dávila, Directora Nacional de Procuración, de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), dijo a La Hora, que tras un análisis del conflicto en La Puya, se comprobó que la manifestación de los pobladores de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, era “legal y pacífica”, y no obstaculizaba la movilidad de los vehículos.

Dávila explicó que la manifestación de los vecinos, estaba autorizada por el Ministerio de Gobernación (Mingob) hasta el 10 de diciembre, y que la misma se realizaba pacíficamente.

“Los pobladores y manifestantes tenían la autorización de Gobernación para manifestar del 5 al 10 de diciembre, 10 sería el lunes incluso, y lo estaban haciendo en forma pacífica, estaban cantando alabanzas, no estaban obstruyendo la vía pública porque allí pudimos ver  que pasó un camión sobre la carretera, no había obstrucción”, indicó la entrevistada.

La representante de la PDH, dijo que la “buena mediación” del viceministro de Seguridad, Edy Juárez Prera, logró que no se originara un desalojo violento, que era lo que se había anunciado.

Ayer, agentes antimotines lanzaron gases lacrimógenos a los pobladores, bajo el argumento  que obstaculizaban la vía pública, tres personas resultaron heridas y cuatro líderes comunitarios fueron detenidos.

Los agentes policíacos no llevaban orden de juez para efectuar el desalojo; eran alrededor de 200 elementos de la institución. El fin de semana, la Policía permanecerá resguardando las entradas y salidas de la minera.

DEMANDAS
El próximo lunes la PDH ofreció la sede de la institución para que ambas partes –representantes de Gobierno y pobladores- dialoguen sobre el conflicto que ha generado la minera en La Puya.

Según se indica en la mesa de diálogo participarían miembros del Sistema Nacional de Diálogo del Ejecutivo, personeros del Ministerio de Energía y Minas, líderes comunitarios y sociedad civil.

Las demandas de los vecinos de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, son básicamente el respeto a la manifestación y resistencia, hacer la consulta popular respectiva para que sean los pobladores quienes decidan si están de acuerdo con la explotación minera, pues argumentan que estos trabajos contaminan los manantiales de agua, aunado a la expulsión de los vecinos de sus comunidades.

POSTURAS
Yolanda Oquelí, pobladora del lugar, manifestó que las autoridades son irresponsables al no prestarles atención a las comunidades que están en riesgo.

“Creo que ellos están tan cerrados en su posición por la presión que tienen de estas empresas extranjeras y por lo irresponsable que han sido hasta hoy, de no hacer un verdadero estudio de impacto ambiental y de no comunicarle a las comunidades de lo que allí se iba a dar, es irresponsable que sigan con esa mente cerrada y no presten atención a las comunidades que están en riesgo”, dijo Oquelí.

El viceministro de Seguridad, Edy Juárez, dijo ayer, que la mina contaba con las autorizaciones para operar desde hace 13 meses.

“Estamos en cumplimiento de las instrucciones superiores para dar viabilidad a que una empresa que está con todas las licencias y autorizaciones, operando legalmente, pueda continuar con su labor, la empresa ha tenido el obstáculo de poder seguir laborando, durante más de 13 meses, por un grupo de vecinos que se oponen”, dijo.