La Ley de Acceso a la Información en su artí­culo 3 establece como uno de sus principios: la sencillez y la celeridad de procedimiento, sin embargo estos argumentos no son cumplidos, lamentó Alfonso Godí­nez, secretario Ejecutivo de la comisión encargada de vigilar el cumplimiento de la ley que ha sido delegado por la PDH.

Hoy fue entregado el informe de análisis que esta comisión realizó a 75 sujetos obligados a proporcionar información pública y las verificaciones se realizaron en los meses de abril y mayo.

La supervisión tení­a tres propósitos, primero verificar que existieran las unidades de acceso, aspecto que es cumplido, afirmó Godí­nez; sin embargo, también se tení­a previsto determinar la existencia de la información pública de oficio que las instituciones deben tener, en este caso se concluyó que no se cumplí­a a totalidad y por último verificaron el uso de archivos, pero aún menos se tiene esta práctica en varias instituciones estatales.

«La formalidad de la Ley se cumple, pero el fondo no», destacó el secretario ejecutivo de la comisión que realizó el análisis, quien determinó que en las instituciones no están haciendo el trámite sencillo para el usuario y los trámites se vuelven complicados.

Además, Godí­nez señala que «la información pública de oficio está incompleta y no está actualizada», también otros problemas que encontraron fueron que en algunas ocasiones las instituciones cumplen con colocar alguna información, pero se reservan los detalles importantes.

INSISTEN

Algunas entidades como el Ministerio de Gobernación insisten en prohibir el acceso a la información, aún cuando la PDH en insistentes ocasiones ha actuado para evitarlo. Según cuenta Godí­nez presentaron un recurso de revisión para que la información de este ministerio sea de acceso público, pero insisten en evitarlo y actualmente los abogados analizan la opción de presentar un amparo ante los tribunales para que se respete el sentido de la Ley.

El 23 de septiembre de 2008 fue aprobada por unanimidad la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008 del Congreso de la República, pero al parecer todaví­a hay varias instituciones gubernamentales que no se ajustan a la aplicación de la misma porque no agilizan el trámite de acceso de datos.