Los registros de la Comisión de Acceso a la Información de la Procuradurí­a de los Derechos Humanos (PDH) reportan al menos 98 denuncias por violación a la Ley de Acceso a la Información durante este 2010; mientras, el secretario Ejecutivo de dicha comisión resaltó que el reto para el 2011 es dejar de hablar de transparencia y mejor practicarla.

A más de un año de haber entrado en vigencia la Ley de Acceso a la Información, calificada como la posible solución ante el mal manejo de fondos del Estado, ésta todaví­a tiene debilidades en su aplicación y al 30 de noviembre de este año, hubo ante la PDH un total de 98 denuncias por violación a las normas contempladas.

El aspecto que más fue denunciado fue la protección de datos personales, como resultado de aquellas empresas que hacen mal uso de la información que tienen, en detrimento del honor y de la dignidad de la persona.

Alfonso Godí­nez Arana, secretario ejecutivo de la Comisión de Acceso a la información de la PDH resaltó que «entre los grandes retos para el 2011, lo más importante es superar el discurso de la transparencia porque todo mundo habla de transparencia, pero las acciones y los hechos concretos dicen muy poco del tema en ese sentido».

Existe en el paí­s al menos 2 mil 644 sujetos obligados a cumplir con la ley y el año pasado muchos fueron los que no entregaron el informe anual obligatorio, como lo obliga la normativa; pese a ello, Godí­nez señala que en la aplicación de la Ley hubo una respuesta mayor durante este año, porque se formó mayor conciencia.

Pero insistió que «el gran reto es que efectivamente dejemos de hablar de transparencia y la administración pública efectivamente se vuelva transparente. Mientras que «el segundo gran reto es continuar fortaleciendo y empoderando a la autoridad reguladora (PDH), porque este año no contó con los recursos necesarios y se han intentado obstaculizar al no dar los recursos apropiados».

Además, hay que «continuar favoreciendo la apertura y publicidad de la administración publica, mejorando la cantidad y la calidad de información que hay disponible para todos», resaltó Godí­nez.

El Ministerio de Gobernación fue la institución más reincidente en la violación a la Ley de Acceso a la Información y la Comisión de Acceso a la información de la PDH, reportó que en contra de esta cartera se plantearon cinco recursos de revisión.

Las otras instituciones señaladas son las Municipalidades y las federaciones deportivas, pero también es necesario añadir a la lista de los señalados a los Programas de Cohesión Social, en donde «el destino de los fondos es el principal problema», destacó Alfonso Godí­nez, aunque defendió la importancia de los mismos, pero con la necesidad de más transparencia.

CAMPAí‘A

Manfredo Marroquí­n, director de Acción Ciudadana, organización que vela la transparencia en algunas organizaciones estatales, refirió que «los riesgos aumentan porque es el último año de un gobierno; y, el clientelismo polí­tico aumenta el riesgo del uso de los recursos públicos para hacer campaña, aunque en todos los gobiernos ha habido, por lo que se torna común».

Marroquí­n señaló que «hay que monitorear eso, para que no se den tantos abusos», además lamentó que «el tema del cumplimiento de la Ley sigue siendo precario y hay instituciones que siguen sin el cumplimiento del Acceso a la Información».

Acción Ciudadana presentó en este año un estudio del nivel del cumplimiento de la Ley y el director de esta organización explicó que incluso el Ejecutivo no tiene su página de Internet actualizada y tampoco cuenta con una Unidad de Acceso a la Información eficiente.

Otras instituciones señaladas fueron las municipalidades que están incumpliendo abiertamente con la Ley y con total impunidad, advirtió Marroquí­n quien dijo que «todaví­a estamos en pañales a pesar que existe la Ley, porque hay violación flagrante».

Otro tema importante en corrupción, según Acción Ciudadana es el financiamiento de las campañas, porque los partidos polí­ticos deberí­an entregar los informes de los gastos de campañas y será necesario que el Tribunal Supremo Electoral pueda tener la capacidad de verificar los datos proporcionados