El procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, mostró su descontento en contra del cobro de 40 quetzales que podría realizar la empresa de transportes SIGA, luego de conocer la resolución del juzgado a su favor y criticó la actitud de algunos funcionarios que apoyaron a los empresarios transportistas.
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Después que el Superintendente de Bancos, Edgar Barquín mencionara que apoyaría cualquier impugnación que puedan realizar los empresarios a su favor, por la importancia de los datos para el lavado de dinero, el magistrado de conciencia defendió que habría que verificar si tiene mandato para apoyar a una institución privada, además de no contar con los elementos suficientes para justificarse.
Aunque no lo mencionó específicamente, también se refirió a otros funcionarios que han apoyado a los mismos transportistas, como ha sido el caso de Rudy Villeda, superintendente de Administración Tributaria, quien dijo apoyar la exoneración de impuestos al embarque de buses nuevos que provienen de Brasil.
Morales explicó que no se puede castigar a la población argumentando la ineficiencia en el Estado y utilizar otros mecanismos de control. «No vamos a tolerar que se le diga a la gente que ahora tiene que pagar, si tenemos que lograr que se respeten los derechos de la población, estoy dispuesto a hacer todas las acciones legales que pueda tener a mi alcance», enfatizó el funcionario.
CHANTAJE
El procurador señala que no se puede abusar de las personas porque estamos en un estado democrático y el cobro por la tarjeta es un chantaje hacia la población. «El juez ha reconocido que es un abuso y Guatemala no puede vivir entre el abuso y la incapacidad», criticó.
Las oficinas que emiten el documento de transporte dejaron de trabajar luego de enterarse de la resolución del juez, por lo que la entrega está condicionada por otros factores que los empresarios no han comunicado totalmente.
Entre los aspectos que seguirá la pista del procurador están que la concesión fue otorgada en determinados parámetros con fondos públicos y qué es lo que hace que se cambien las circunstancias de hacerla gratuita o pagada, porque el hecho de que haya defendido a las personas para que guarden sus datos íntimos y personales, argumentó Morales, no es razón suficiente.
Representantes de la Empresa de Autobuses Urbanos, apeló ante la Corte de Constitucionalidad el amparo otorgado a Sergio Morales, Procurador de los Derechos Humanos (PDH), el cual dejó en suspenso la solicitud de documentos para el trámite de la tarjeta prepago para el Transurbano.
Sergio Miliam, representante de los transportistas, argumentó que el PDH no agotó el procedimiento ordinario por lo que solicita la suspensión de esa acción.
Sindicalistas piden a la población no brindar datos personales a la empresa SIGA de Transurbano; Rubén Mazariegos, de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), indicó que «lo único que buscan los empresarios es hacer nuevos archivos de datos para luego venderlos a empresas que sólo se dedican a mandar mensajes y llamadas ofreciendo tarjetas de crédito o para venderles objetos, y por eso muchos nos preguntamos de dónde consiguen la información, pero es porque venden nuestros datos».