La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) aclaró circunstancias en la que padecieron siete reclusos de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón el pasado 25 de septiembre durante operativo.
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La PDH concluyó que durante el operativo de recuperación del control estatal sobre la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, ejecutado el 25 de septiembre de 2006, las autoridades del Estado de Guatemala vulneraron el Estado de Derecho e irrespetaron la ley, con lo que incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos, entre los que se cuenta la ejecución extrajudicial.
Según el expediente de la investigación, se determinó la violación al derecho a la vida por ejecución extrajudicial, el impedimento para el cumplimiento de las funciones del Procurador de los Derechos Humanos.
Además, se dedujo responsabilidad al Ministerio Público (MP), quien no tomó las medidas requeridas para preservar la escena del crimen, tal y como lo indica el Manual de Procedimientos de Escenas de Crimen de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, del propio MP.
También se culpa al Servicio Médico Forense del Organismo Judicial en la realización de autopsias, pues no cumplió con las normas mínimas establecidos en el Manual Sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.
«Son responsables institucionales por la planificación y ejecución del operativo citado, el Ministerio de Gobernación, la Dirección General de la Policía Nacional Civil, la Dirección del Sistema Penitenciario y el Ministerio de la Defensa Nacional y Director de la Granja Penal de Rehabilitación Pavón», refiere de forma textual el informe de la PDH.
Que se investigue y se responsabilice a los culpables
Asimismo, durante la presentación del informe, Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos, solicitó al Presidente del Organismo Judicial, iniciar la investigación que corresponde para deducir responsabilidades disciplinarias a los galenos del Servicio Médico Forense, del Organismo Judicial.
Al Ministro de Gobernación, que ordene una investigación interna e imparcial sobre el empleo de las armas de fuego y la actuación de las fuerzas de seguridad en los hechos del 25 de septiembre.
«Al Presidente de la Nación, se recomienda la orden de una investigación sobre el comportamiento de los funcionarios y empleados del Organismo Ejecutivo que tuvieron participación directa en el operativo», solicitó Morales.
«Al Fiscal General y Jefe del MP, que nombre un fiscal especial que investigue los hechos y establezca la verdad de lo ocurrido con el levantamiento de cadáveres de parte de funcionarios del Ministerio Público», continuó exponiendo el Magistrado de Conciencia.
«Al Servicio Médico Forense del Organismo Judicial, que establezca controles efectivos para que los informes médico forenses cumplan con los requerimientos legales y que se sancione a los médicos forenses que no realizaron las necropsias con la debida diligencia», concluyó Morales.
De los hechos
Para el documento entregado por la PDH, de los hechos y preparativos del operativo indica respecto al enfrentamiento, los testigos sostienen que éste nunca existió.
Luego del operativo, las autoridades reportaron siete muertos como consecuencia de éste, de los cuales, tres de los cuerpos fueron recogidos dentro de la casa de Jorge Batres y dos más en el «gallinero» de esa vivienda.
Los últimos dos fueron encontrados en una calle del sector «Talleres» del penal, cercano a la casa ya mencionada.
Según las versiones de los testigos, las muertes no habrían tenido lugar como consecuencia del momento en que se toma la cárcel, sino horas después, entre ocho y nueve horas.
Los testigos afirman que mientras las ejecuciones tenían lugar, se hacían sonar cohetillos. Una persona que participó en el operativo atestigua haber visto el momento en que mientras algunos de los reos morían, miembros de las fuerzas de seguridad les colocaban armas y granadas para aparentar que se había producido un enfrentamiento.