El Procurador de los Derechos Humanos (PDH) emitió una condena moral contra el intendente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Ángel Estuardo Menéndez Ochoa, por haber negado el acceso a información pública al Presidente de la Asociación de Protección del Contribuyente (Asprodeco), Eugenio Fernández.

De acuerdo con Fernández, en febrero del 2012 Asprodeco consultó a la SAT, amparada en la Ley de Acceso a la Información Pública, si el “Procedimiento para el Egreso de Mercancías de Almacenes Fiscales, Depósitos Aduaneros y Tiendas Libres identificado con el número IA-DN-UNP-04.06” había sido modificado, y la Unidad de Información Pública (UIP) de la Superintendencia respondió que el procedimiento seguía vigente.

Posteriormente, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió declarar inconstitucional el numeral 31 del procedimiento antes citado –como resultado de una acción de Asprodeco–, los personeros de la SAT informaron en medios de información pública  que dicho procedimiento ya había sido modificado, por lo que lo resuelto por la máxima autoridad constitucional carecía de materia.

LA ACCIÓN

Fernández explicó que en julio del 2011, Asprodeco impugnó por inconstitucional el numeral 31 del citado procedimiento, el cual equiparaba las funciones de un depósito aduanero privado con las de una tienda libre.

Posteriormente, el 30 de noviembre del 2011, cuando se estaba tramitando esta acción de inconstitucionalidad, la SAT sin dar aviso a ninguna de las partes dentro de dicha acción, modificó el procedimiento IA-DN-UNP-04.06, sustituyéndolo por otro el PR-IAD/DNO-DE-06 del mismo nombre.

Asprodeco accionó ante el PDH, quien emitió una condena moral contra Menéndez Ochoa, en su calidad de encargado de la UIP de la SAT.

La Hora intentó conseguir una reacción de la SAT, pero la institución no respondió.

ANTEDECENTES

Dicho procedimiento fue autorizado por el ex intendente, Rudy Villeda, en el cual se autorizó que la tienda La Riviera, ubicada en el Aeropuerto Internacional La Aurora, funcionara con las atribuciones de una Tienda Libre –las cuales están exentas de pagar impuestos– cuando debía de funcionar como Depósito Aduanero Privado.

Asimismo, la CC se promulgó al respecto en el 2012, diciendo que la SAT había caído en “usurpación de funciones”, pues corresponde únicamente al Congreso autorizar las Tiendas Libres.

Por otro lado, ese mismo año el exministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno, dio la orden de que se cobrará el total de impuestos defraudados al Estado, mientras La Riviera no había asumido el pago de impuestos, suma que ascendió a 150 millones de dólares, y que sigue en ascenso debido a que continua funcionando con las facultades de una “Tienda Libre”.