En esta oportunidad me referiré a dos cuestiones. La primera tiene que ver con el proceso para la búsqueda de una solución polí­tica al enfrentamiento armado interno; la segunda, con el clima de inseguridad y confrontación que entre distintos sectores de la población –tanto urbana como rural– se percibe y que fue más evidente antes, durante y después del 11 de septiembre, se agravó un tanto más después, durante y previamente al 7 de noviembre y se acentuó en el curso del proceso de transición y cambio de gobierno.

Dí­as antes de la conmemoración del XV aniversario de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera se me entrevistó para una televisora alemana. Varias y puntuales fueron las preguntas. Me interesa destacar una. Se me preguntó que con qué gobiernos habí­amos negociado mejor y arribado a resultados satisfactorios. No dudé en responder que fue con el gobierno del presidente Serrano Elí­as y con el gobierno del presidente De León Carpio.

Con el Acuerdo del 26 de abril de 1991 y con el del 25 de julio de 1991, discutidos, aprobados y firmados con la delegación gubernamental presidida por el licenciado Manuel Conde Orellana y con el Acuerdo del 29 de marzo de 1994, el del 23 de junio de 1994 y el del 31 de marzo de 1995, discutidos, aprobados y firmados con la delegación gubernamental presidida por el doctor Héctor Rosada Granados, el proceso negociador alcanzó el contenido sustantivo e integral que se convino. Lo así­ suscrito es de especial trascendencia e importancia.

Estos Acuerdos corresponden, definen y concretan –al igual que los demás y, muy en especial, el del 19 de septiembre de 1996– el espí­ritu, contenido, sustancia e integralidad de lo que se decidió conocer, aprobar y suscribir y sentar así­ las bases de solución de las causas estructurales e institucionales que dieron origen al conflicto armado interno y constituyen, a su vez, la base, contenido, sustancia e integralidad de la construcción de la paz.

En lo que respecta a las causas, la mayorí­a de ellas permanecen intactas; otras, se han agravado y, en las que algo se ha avanzado, son las menos. La construcción de la paz es, entonces, una tarea pendiente y después de 15 años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, no se ha logrado coincidir en el camino a seguir para concretarla y superar el clima de inseguridad y confrontación a que se ha orillado al paí­s.

Con quienes he conversado en estos dí­as, son de la opinión y, en su mayorí­a, coinciden en que con el cambio de gobierno, la confrontación no se dará “en las alturas”. La naturaleza, carácter, estructura y composición del actual gobierno, avizora el retorno –de acuerdo a las condiciones y situación actual del paí­s, la amenazante recesión global que afectarí­a a todos los pueblos del mundo y el peligro de una guerra termonuclear–, a prácticas gerenciales, tecnócratas y privatizadoras como las del presidente Arzú y del presidente Berger, respectivamente.

Más de un indicio o una seña ya dada, permite formular tal previsión y, aunque se deseara que no fuera así­, hay que tener en cuenta que una cosa son los deseos y las intenciones que se puedan tener y otra los hechos y la realidad ante la que se está. Todo parece indicar que el carácter y naturaleza de la gestión gubernamental en los próximos cuatro años corresponda al de una gestión pública y administrativa mucho más gerencial y exageradamente tecnocrática.

Si es cierto como se informaba ayer respecto al anuncio gubernamental del “impulso de alianzas público-privadas o ‘apadrinamiento’ para sostener la red hospitalaria, con empresas como Fundazúcar y Perenco” (elPeriódico, 17 de enero de 2012), ello sólo puede significar que, llegado el momento, abarque otros sectores estratégicos de la gestión gubernamental como la infraestructura y obra pública y la educación, y se afiance y consolide aún más la concepción subsidiaria del Estado, a conveniencia de la élite oligárquica y patronal y el empresariado organizado.

Lo que ahora cuenta, no es lo que emocionadamente se haya dicho en el discurso de toma de posesión o lo desordenado y hasta pareciera haber sido un improvisado acto de investidura. Lo que empieza a ser decisivo y determinante, son los hechos, las decisiones que se están tomando y que marchan en dirección de un retorno a prácticas administrativas y de gobierno propias de un pasado que institucionalmente no se ha podido corregir y, menos, superar.

La paz y la reconciliación no alcanzadas, la inseguridad y la confrontación no resueltas, impiden el restablecimiento de la gobernabilidad y tranquilidad ciudadana, el progreso y desarrollo, la justicia social, la eliminación de la discriminación y de toda forma de exclusión, la institucionalización de los cambios estructurales, el fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática, así­ como la legitimación de la gestión pública y de gobierno, en interés del pueblo, el paí­s y la nación. http://ricardorosalesroman.blogspot.com/