La funcionaria asegura que su periodo termina en diciembre de 2014, cuando se cumplen cuatro años de su nombramiento. Reitera que no fue designada para completar el período de un fiscal electo, sino para cumplir un período constitucional de cuatro años

y señala que la resolución de la Corte de Constitucionalidad emitida ayer, no está fundamentada y pone en jaque el Estado de Derecho en el país.

¿Qué opinión le merece la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) respecto a que su período como Fiscal General finaliza en mayo de este año y no en diciembre?

Es una resolución que no compartimos porque no está jurídicamente fundamentada. Uno de los artículos a los que hace referencia, por ejemplo, es uno de los transitorios de la Constitución. Las disposiciones transitorias son un cuerpo legal que rigen momentáneamente para el período en que entra en vigencia una ley o una modificación a la misma. Las disposiciones transitorias a las que la CC hizo referencia no señalan fechas concretas, salvo para nombrar al primer fiscal general cuando se creó la institución de la fiscalía.

En ese sentido, ¿el Ministerio Público presentará alguna acción en contra de esta resolución y basada en qué argumentos jurídicos?

Presentaremos un recurso de revocatoria, basados en que la CC, en 2010, anuló el proceso anterior. Es decir, yo no estoy sustituyendo un período que había entrado en vigencia porque no se puede sustituir algo que nunca existió. Al anular el proceso en donde fue nombrado el Lic. Conrado Reyes como fiscal general, se anuló también la fecha en la que él había sido nombrado.

Algunas organizaciones de la sociedad civil hablan de acudir al Sistema Interamericano para tratar de revertir este fallo, ¿cómo evalúa esta acción?

Que Guatemala forme parte de un sistema regional de protección a los derechos humanos es muy importante para la vigencia de estas garantías fundamentales en el país y las vías legales están abiertas para cualquier ciudadano. Ellos tienen pleno derecho de ejercer las acciones que estimen convenientes.

Después de conocer este fallo, ¿cuáles son sus principales preocupaciones?

La vigencia del Estado de Derecho en Guatemala. Vulnerar y acortar períodos constitucionales pone en jaque al Estado de Derecho en el país.

Usted ha sido catalogada por gobiernos, organismos internacionales y por publicaciones como una de las fiscales que ha cumplido mejor su tarea a nivel mundial. Evidentemente su trabajo ha molestado a grupos criminales y de poder en el país, y le ha generado detractores en el plano nacional. ¿Qué mensaje se envía con esta resolución a estos grupos?

Aquí de lo que estamos hablando es del Estado de Derecho y de la vigencia de la Constitución. La Constitución es muy clara al señalar que el período para el fiscal general son cuatro años. Acá, de lo que se trata, es de si respetamos la Constitución y el Estado de Derecho en Guatemala.