En pocos meses habrán transcurrido trece años después de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 36 años de guerra interna, una de las épocas más violentas de la historia; el contexto actual obliga a preguntar qué tanto ha cambiado el panorama.

La guerra interna terminó, según lo suscrito en el papel; sin embargo, las cifras de la creciente ola de violencia que ha golpeado a Guatemala desde que se firmó la paz superan a las del conflicto.

Según las estadí­sticas, desde 1997 a la fecha han sido asesinadas violentamente más de 52 mil personas, es decir, unas 17 muertes violentas al dí­a y 48 por cada 100 mil habitantes.

Según los informes de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) y Recuperación de la Memoria Histórica (Rehmi), las cifras de la guerra son 200 mil ví­ctimas y desaparecidos; un promedio de cinco mil 500 asesinatos al año comparados con las muertes después de la firma de la Paz, que se aproxima a las cuatro mil 500.

Además de lo anterior, el antes y el después de la firma de la Paz guardan otro hecho en común: la impunidad respecto a esos crí­menes.

PANORAMA

Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú, denunciantes de crí­menes de genocidio durante la guerra interna, sostiene: «El no juzgar los crí­menes del conflicto armado, que no son cualquier crimen sino de lesa humanidad, se traduce en prácticamente dar un aval o autorizar a personas que hoy pueden delinquir, asesinar y manipular el sistema. Ese es el efecto de la impunidad», explica.

El abogado, especialista en Derechos Humanos, explicó que los más grandes efectos de los crí­menes cometidos en el pasado (particularmente en la década de los ochentas), son las repercusiones que tuvieron en la conciencia y la actitud de la ciudadaní­a en general.

«La gente ya no se escandaliza ni le impacta que el promedio de asesinatos diarios en el paí­s sea de 17 personas que pierden la vida de forma violenta y ese es un efecto de la criminalidad y violencia estatal del pasado», indicó Morales.

El jurista añadió que otro de los efectos de la impunidad del pasado, ha significado que se perfeccionen y se amplí­en los mecanismos de ejecución de los crí­menes y de generación del clima de tensión y miedo que ahora son frecuentes en la sociedad.

Morales comentó finalmente que las resoluciones con las que el Estado de Guatemala ha mostrado su desinterés por el juzgamiento de los crí­menes del pasado (como la de la Corte de Constitucionalidad del 12 de diciembre de 2007), sólo han paralizado los procesos contra la impunidad de forma temporal; pero que también permiten ver con ojos más crí­ticos y con mayor peso de auditorí­a social el proceso de elección de nuevos magistrados «para que esos fallos que manipulan la ley sean revertidos», opinó.

IMPUNIDAD

Héctor Nuila, diputado de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), considera que en el paí­s «no hubo conflicto», ya que en él no existen responsables, explica. No obstante, cree que «hubo represión como polí­tica de Estado», donde «se institucionalizó la impunidad en el paí­s», sostiene.

«En el pasado, los aparatos clandestinos actuaron con impunidad y cometieron violaciones, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, persecución a sindicalistas, y en el presente el Estado sigue reproduciendo esos mecanismos de impunidad, que se proyectan en el resto de la criminalidad como producto de la descomposición del Estado», explica Nuila.

El diputado agregó que el informe de la CEH, el acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil de la función del Ejército dentro de una sociedad democrática, la desmilitarización del Estado y de la sociedad, reformas al sector justicia y Ley Electoral, entre otros, son aspectos planteados dentro de los Acuerdos de Paz, pero que no han sido cumplidos por parte del Estado.

«En la temática de la impunidad, el Estado no ha hecho absolutamente nada», denunció Nuila, y agregó que el Estado debe «retomar lo relativo a las reformas al sector justicia y su depuración, un análisis profundo de la existencia de cuerpos clandestinos que aún operan en el paí­s, aspectos detallados en los Acuerdos de Paz.

EJECUTIVO

Orlando Blanco, Secretario de la Paz del actual gobierno, reconoció que tanto el sistema de justicia nacional como el propio Estado, actúan bajo la intencionalidad «de generar ciertos privilegios y para resolver los intereses de los grupos de poder; lo que ha convertido a la impunidad en una variable permanente, indicó.

Blanco defiende que la secretarí­a que preside trabaja en la construcción de ciudadaní­a en el Estado de derecho, el respeto a la diversidad y la búsqueda del bien común a partir de una cultura de derechos humanos, detalló, sin embargo, identifica las «limitantes» con las que cuenta la propia Sepaz.

«Estamos hablando que el cumplimiento de los Acuerdos de Paz son un compromiso del Estado en su conjunto, no sólo desde la Secretarí­a y en ese sentido no creo que se tenga que hablar de la fuerza de la Sepaz, sino que esa tarea implica el concurso de todos los organismos», declaró el funcionario.

Blanco explicó finalmente que en cuanto al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, se ha perdido la temporalidad más adecuada de los mismos: «muchos de los acuerdos ameritan ser revisados, reactualizar las metas y profundizar la temática que ha venido surgiendo. Por ejemplo: no se habla de crimen organizado en los Acuerdos y hoy por hoy no se puede hablar de seguridad sin hablar de ese tema», ejemplificó.