Los acuerdos en el Congreso se han concretado y tras la aprobación de las primeras leyes de transparencia, ahora la bancada del Partido Patriota (PP) espera que los opositores con los que alcanzaron acuerdos y sus aliados les ayuden a aprobar la próxima semana dos préstamos que suman US$437.2 millones.

Los créditos que el PP buscará aprobar el martes y jueves de la próxima semana son: US$237.2 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$200 millones con el Banco Mundial.
Estos préstamos tienen como fin cubrir la deuda por las Letras de Tesorería adquiridas por el desfinanciamiento presupuestario.
El jefe de bancada del PP, Arístides Crespo, aseguró muy confiado que la próxima semana se aprobarán los dos préstamos, puesto que el oficialismo aceptó las condiciones que las otras bancadas propusieron, con el fin de que las leyes de transparencia fueran aprobadas y el proceso que habría que seguir para conocer las tres lecturas respectivas a las modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Crespo aseguró que lo pactado se llevará a cabo entre los días martes y jueves, pues los acuerdos permiten trabajar de forma intensiva como se hizo ayer, ya que la sesión plenaria terminó a las 22 horas, luego de que se agotará la agenda que permitió la interrupción de la interpelación al ministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzín.

RETOS DE TRANSPARENCIA
El Congreso emitió anoche el decreto 13-2013 del paquete de leyes de transparencia presentadas en marzo del año pasado por el Ejecutivo y dictaminadas por las comisiones de Transparencia, Probidad y Legislación y Puntos Constitucionales.
El decreto de ley establece cambios que fortalecen el control y calidad del gasto mediante reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y del Presupuesto, así como más herramientas de fiscalización tributaria mediante cambios a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Analistas y diputados comentan que los retos que traerá este decreto están más enfocados en lo económico y en la voluntad política que tengan las instituciones para aplicar la Ley.
El economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) Ricardo Barrientos manifestó que el Ministerio de Finanzas debe dar a conocer a las unidades ejecutores los nuevos sistemas de controles y obligaciones, así como un aumento de financiamiento de alrededor de Q50 millones a la Contraloría.
En cuanto a la SAT, el diputado independiente, José Alejandro Arévalo, indicó que esta institución tiene todos los recursos financieros y humanos para aplicar las normas y que todo dependerá de la voluntad política que se tenga para realizarlo.