El dirigente campesino guatemalteco Daniel Pascual asistió a la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, donde insistió ante distintas misiones diplomáticas sobre la necesidad de avanzar en la discusión para la redacción de una declaración universal a favor de los campesinos.
Pascual, quien forma parte de una delegación de la Vía Campesina para América Latina, reconoció que Guatemala ha sido uno de los países promotores en la ONU del debate en torno a los derechos de los campesinos, tal como fue durante el proceso de discusión y aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en septiembre de 2007.
Es evidente que Guatemala promueve una política internacional para mostrarse como facilitador en estos temas, subrayó Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC); sin embargo, en el contexto nacional las políticas de gobierno son contrarias a la postura internacional, afirmó.
En lugar de una ampliación de derechos, se busca reducirlos cada vez más, tal como ha quedado en evidencia en el intento de reforma constitucional o en la discusión de iniciativas de ley para regular la actividad minero o el uso de recursos hídricos, indicó.
El dirigente campesino guatemalteco resaltó en Ginebra la importancia de que se intensifique el debate sobre una declaración, no sólo desde una perspectiva proteccionista, sino a partir del reconocimiento de este grupo humano, como sujeto económico y social fundamental para el desarrollo, en particular para la producción de alimentos.
Pascual agregó que la crisis alimentaria y los efectos del calentamiento global son resultado del modelo de desarrollo y consumo a escala mundial; en América Latina este modelo sigue reproduciendo prácticas latifundistas ahora orientadas a la producción de monocultivos, como la soja, la palma y la caña de azúcar, no con fines alimenticios sino como materia prima para la generación de energía.
Además del monocultivo, la expansión de la mega minería en el continente, concebida para proveer metales y minerales a los países industrializados, provoca severos daños al medio ambiente, con consecuencias sensibles en las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales; todo ello repercute con mayor fuerza en las poblaciones más vulnerables, entre ellas los campesinos, anotó.
La formulación de una declaración universal debe ser vista como complemento a los avances que se han alcanzado en el reconocimiento de derechos fundamentales, como el derecho a la tierra y al territorio, la seguridad alimentaria, la vivienda, la educación y la salud, entre otros.
Finalmente, Pascual reiteró su reconocimiento al apoyo de Guatemala en la discusión sobre los derechos de los campesinos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha sido promovida principalmente por Bolivia, Ecuador y Cuba; espera que Guatemala continúe con la misma disposición en este proceso.