La lucha por los derechos y oportunidades para las mujeres ha implicado largos y accidentados procesos sociales. Así, en América Latina, la demanda del sufragio femenino arrancó poco tiempo después que en Europa y Estados Unidos y fue en Ecuador, en 1929, cuando éste fue legalmente reconocido por primera vez, no en aras de la equidad, sino en respuesta a la necesidad de ampliar la base y el respaldo electoral.
En 1945, se emitió la Carta de Naciones Unidas, que reconoció por primera vez en el plano internacional, la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Aunque en la mayoría de los países de la región latinoamericana el derecho de las mujeres a votar y ser votadas fue reconocido en el curso de los años cincuenta, no fue sino hasta 1961, cuando al ser legalizado en Paraguay, finalmente se completó el círculo. Es decir, fueron necesarios más de 30 años para que en nuestro continente se generalizara el reconocimiento del estatuto ciudadano para las mujeres.
El esfuerzo de las mujeres por conquistar las mismas oportunidades y derechos que los hombres no es solamente un asunto de justicia, es también una aspiración de un mayor bienestar humano. El tema de la equidad de género ocupa una parte muy importante de la agenda internacional y la participación de la mujer en los ámbitos de poder está favorablemente valorada, ya que se considera que el poder compartido entre hombres y mujeres es requisito esencial de una genuina democracia.
En América Latina, se han dando avances para fomentar la participación de las mujeres, varios países de la región han adoptado leyes de cuotas, que han dado resultados positivos en el aumento de mujeres en los parlamentos. La aprobación de una ley de esta naturaleza requiere tiempo y vencer enormes obstáculos. Sin embargo, los resultados bien valen la pena. En Honduras, por ejemplo, la presencia de las mujeres en el parlamento aumentó de un 6 a un 23 por ciento, después de la aprobación de la ley de cuotas, según un estudio del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
La historia demuestra que no basta con la ley, o el derecho a votar y ser electas, para que las mujeres ocupen posiciones en los congresos y las estructuras gubernamentales. En efecto, la realidad no se construye sólo a fuerza de norma, es necesario atender a la generación de condiciones de factibilidad para que los cambios sociales y políticos se materialicen, y esto implica, contar con más recursos. En Costa Rica y Panamá, se ha avanzado en cuanto a legislación favorable en lo relativo al financiamiento dentro de los partidos políticos para las mujeres. El tema del financiamiento no es un factor que se debe analizar por separado de la equidad de género.
No obstante, las mujeres en el poder siguen siendo más una excepción que una regla. Como ciudadanas con oportunidades de participación activa y plena, las mujeres siguen teniendo una presencia esporádica y poco sistemática. Los partidos políticos deben hacer particulares esfuerzos por tomar conciencia que la participación política de las mujeres y las cuotas son fundamentales para la salud democrática de un país y para la construcción de ciudadanía y deben tomar medidas para eliminar valores, estereotipos y prejuicios contrarios a la igualdad, a la democracia y a los derechos humanos, como supone la exclusión de las mujeres.