La captura ayer de dos personas vinculadas con los hermanos Valdés Paiz y su declaración en el tribunal que conoció del caso, permitió corroborar la existencia real y absoluta de una conspiración para desprestigiar al comisionado Carlos Castresana y minar el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, en este caso para ayudar a los sindicados de ser autores intelectuales del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, pero en evidente confabulación con aquellos sectores que se propusieron atacar al ente internacional.
La contratación de un supuesto «experto en comunicaciones» a quien muchos periodistas conocen como un repartidor de fafas y quien tras haber sido relacionista público del presidente í“scar Berger ahora es encargado de comunicaciones del Partido Patriota, evidencia que ha corrido dinero en este esfuerzo por «machucarle la cola a Castresana», como se leía en alguna de la documentación que fue presentada a los tribunales y cuya veracidad fue reconocida por los encartados. Para los guatemaltecos, acostumbrados a que las investigaciones criminales nunca aportan pruebas, la existencia de las mismas en procesos de tan alto impacto como el caso Rosenberg terminan teniendo olor a montaje, pero la verdad es que ese crimen se ha convertido, aún con los hallazgos de ayer, en un paradigma de cómo se pueden recopilar pruebas de la participación de individuos en la comisión de un delito. Hace pocas semanas un telenoticiero local transmitió una entrevista con uno de los sindicados que al plantear su inocencia dirigió ataques contra la CICIG y contra el comisionado Castresana, en lo que sin duda era ya parte de la estrategia publicitaria estructurada por el «experto» para atacar la credibilidad del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad. Y obviamente el esfuerzo coincidió con el de otras fuerzas que, por razones diferentes pero concomitantes, realizaban la misma labor. Machucarle la cola a Carlos Castresana formaba parte de la agenda de los dos capturados ayer y de otros que les estaban asistiendo como acción para contrarrestar la acusación que se formuló contra los dos empresarios luego de las investigaciones del caso Rosenberg y del cruce de llamadas telefónicas y de la declaración de los mismos autores materiales del crimen. Sembrar la duda sobre la figura de Castresana era fundamental para desvirtuar las acusaciones que la CICIG había formulado y ayer quedó en evidencia que, además de la campaña mediática financiada con mucho dinero, existía también una estrategia de acercamiento con quienes pudieran resultar electos en la fiscalía y fueran susceptibles de acuerdo. Debe destacarse que mientras buena parte de la sociedad planteaba la figura de la licenciada María Eugenia Morales de Sierra como la más confiable, los ahora sindicados la habían tachado de su lista de contactos con posibilidad de arreglo. Evidentemente lo mismo que pensó la sociedad de ella, pensaron los enemigos de la CICIG.