---

Como era usual, Érick Samuel Aguilar Muñoz, de 39 años, descansaba la noche del pasado 2 de mayo en su residencia, ubicada en un condominio en la zona 16 capitalina. Sin embargo, algo inusual sucedió entre las 21:30 horas y las dos de la madrugada del día siguiente. Alguien tocó a su puerta.

Johana Castillo Alvarado, esposa de Érick, atendió a la visita; era su amigo, José Daniel Batres, quien también era empleado de Aguilar.

Ese es el inicio de la reconstrucción de los hechos en una de las investigaciones criminales más recientes y comentadas en la Torre de Tribunales, por tratarse de una confesión, como pocas, de un caso de parricidio.

Según las investigaciones, el vínculo de Castillo y Batres era cercano, ya que éste, para entrar a la colonia de su amiga no se registró como cualquier otro visitante, sino que utilizó una tarjeta magnética especial para inquilinos, que la ahora procesada le habría facilitado.

Por su parte, Aguilar no sospechaba que su conviviente, la mujer “tan cercana a él”, con quien procreó dos hijos, actualmente de 8 y 16 años, acabaría con su vida ese día, supuestamente, en complicidad con su colaborador.

El plan parecía perfecto pues la sindicada estimaba que nadie sospecharía de ella, sostienen las autoridades.

Con ayuda de Batres, la mujer estranguló a su esposo y le clavó cinco puñaladas en el estómago. Siguiendo el plan que ya había sido fraguado, ambos sacaron el cadáver de la casa, lo introdujeron a un microbús y luego lo llevaron a otro sector de la misma zona, refieren fuentes de la Fiscalía.

Por la mañana, Castillo habló con su cuñado para decirle que su esposo había desaparecido. Según las pesquisas de la Fiscalía, la mujer le dijo que la tarde anterior, un incidente con el vehículo lo había retrasado y que después no supo más del paradero de Érick.

En la Policía Nacional Civil también reportó la supuesta desaparición de su esposo, pero momentos después las autoridades encontraron el cadáver.

La historia parecía convincente, pero la familia de Érick no la creía.  Aguilar pagaba un seguro para su automóvil, y si de verdad hubiese tenido un inconveniente por la noche, inmediatamente se hubiera comunicado con la empresa.

Castillo, nerviosa, fue cuestionada hasta que dijo la verdad: había asesinado a su esposo. Ese mismo día se presentó ante el Ministerio Público y confesó el crimen; aseguró que su esposo tenía una “amante y que sentía que lo iba a perder”, por lo que decidió matarlo.

El hecho habría sido planificado desde dos meses atrás.

EL PARRICIDIO

En consecuencia, Castillo y Batres -detenido el 16 de mayo último- fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y escuchados por Jiselle Reynoso, titular del juzgado Cuarto del Ramo Penal, quien ligó a proceso al hombre por asesinato, mientras que a la esposa de la víctima la ligó por el delito de parricidio.

Este caso se suma a los 155 procesos de parricidio que registran las estadísticas del Centro de Análisis y Documentación del Organismo Judicial (Cenadoj), de la cuales se han dictado 39 sentencias: 26 condenatorias y 13 absolutorias.

Según los patrones estadísticos, en 2010 fue el año en que más incidentes de muerte contra familiares se registraron, con 79 casos, mientras que en el año pasado fueron 56. En relación a los primeros seis meses de este año, se cuentan 20 procesos por parricidio.

El artículo 133 del Código Penal Decreto Número 17-73, en el capítulo II, de los Homicidios Calificados, señala que el delito de parricidio lo comete “quien conociendo el vínculo, matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital”.

El articulo también refiere que, quien sea encontrado culpable por este delito “será castigado con prisión de 25 a 50 años”.

“Se le impondrá pena de muerte, en lugar del máximo de prisión, si por las circunstancias del hecho, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor y particular peligrosidad en el agente. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa”, concluye el párrafo.

DEJA DE FUNCIONAR

El experto en sociología y psicoanálisis, Carlos Seijas, explica que en los casos de parricidio se evidencia que la estructura familiar, “que supone está hecha para proteger, para vincular y para convivir en la sociedad”, ha dejado de funcionar como consecuencia de que no se  ponen en práctica los valores sociales; según refirió, esta situación es conocida en la sociedad como la ausencia de “la ley”.

La ley, conocida desde la perspectiva psicoanalítica, como la “ley de Padres”, es un concepto utilizado para significar un conjunto de normativas que se instalan en el inconsciente de un sujeto durante la infancia; ésta es considerada como procedente de quien cumple la función paterna, el padre biológico o cualquiera que ocupe su lugar estructural.

“Tiene que haber alguien que represente la ley, no necesariamente es el hombre, aunque regularmente es el padre quien pone estructuras indicándole a cada quien cuál es su rol y cuál es su papel; eso le permite a la familia, convivir, compartir y hacer sus actividades de acuerdo al rol que le ha tocado. Es decir, la mamá se comporta como mamá, el papá como tal y los hijos como hijos”, explicó Seijas.

Por lo tanto, señala que en un parricidio se infiere que los núcleos que sirven para proteger la vida, es decir la familia, dejan de servir y tener utilidad ante la ausencia de la ley, “porque básicamente no hay reglas claras, sólo hay una falta de dirección; nadie sabe cuáles son sus responsabilidades dentro del núcleo familiar” y después esta situación “se reproduce socialmente”.

Seijas compara la situación del parricidio con la de las pandillas, “con la salvedad de que estas pandillas ejercen la agresión hacia afuera”, pues señala que éstas casi nunca agreden a su propia familia, sino a otros grupos con características similares, pero con una distinta identidad.

“Cuando se da que agreden a sus propias familias, es porque la estructura familiar ha dejado de funcionar; la agresión se vuelve hacia adentro, y no hay bordes que les  persuadan a respetarse porque los vínculos no están definidos”, expuso. “En metáfora social, cuando una sociedad no tiene reglas claras es cuando nos matamos unos a otros”.

“Una cosa es la violencia intrafamiliar, que es sólo para marcar poder, lastimar al otro, establecer bordes para decir que “el que manda aquí soy yo”, decirle que simplemente es un objeto; el hecho que destruir al otro es  llegar a lo real, anularlo de tal forma que ya no exista, matarlo,  es conocido como pasaje al acto, tal como un suicidio, un homicidio destruir lo que representa. Lo que busca un parricidio es anular la figura que se violenta”.

El experto en sociología también apuntó que lo que resulta impresionante es que la gente que se supone tiene un vínculo, porque están unidos por un caso sanguíneo, lleguen a estos extremos, hasta alcanzar “dimensiones catastróficas”.

Seijas concluyó sus declaraciones indicando que sin la creación de políticas públicas que se orienten hacia la planificación familiar, y el desarrollo emocional estable de los individuos, casos como estos, seguirán conociéndose en nuestra sociedad.
 
Al ser consultada Eleonora Muralles, directora de Familiares y Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro, dijo que no hay una razón que permita justificar los casos de parricidio: “Si ya la muerte violenta para cualquier persona es terrible, no  digamos para un niño. Hay una descomposición social, hay una pérdida de respeto a la vida; somos una sociedad enferma”, dijo.

“No se entiende cómo los padres matan a sus hijos, de la misma forma que no entendemos cómo la gente que no se conozca se mate. Toda la violencia y la impunidad en Guatemala hacen que los hechos aumenten, es muy preocupante ver como no hay una reacción que se sienta de parte de las autoridades, pero también es lamentable ver que la sociedad no reacciona”, puntualizó.