La Policí­a Nacional Civil (PNC) señaló que los autobuses de transportes Monja Blanca, que se dirigen de Cobán a la capital, suspendieron el servicio totalmente, debido a que el fin de semana hubo un ataque armado a una de estas unidades.

De acuerdo con la institución policí­aca, los usuarios tuvieron dificultades para llegar a sus destinos; sin embargo, se indicó, esto es consecuencia de la ola de violencia.

El pasado lunes, los conductores y ayudantes de buses urbanos y extraurbanos se unieron para protestar en contra de la ola delincuencial que afecta a este sector, ya que en los últimos meses varias personas han muerto a causa de la inseguridad.

Según los informes del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), a la fecha han muerto 108 empleados del transporte público, número que asciende considerablemente en relación con el año pasado.

Los pilotos y sus asistentes que han sobrevivido a estos atentados, o sus familiares, dicen que estos hechos no deben quedar impunes, sobre todo porque se trata de la vida de personas que laboran honradamente.

En entrevistas realizadas por este vespertino, los usuarios señalan sentirse afectados por la violencia y sus secuelas; algunos han sido afectados, e incluso han perdido la vida en los atracos o ataques directos en contra de los transportistas.

Asimismo, cuando se suspende el servicio de bus, quienes utilizan las unidades deben trasladarse en picops, en los que se les cobra el doble o triple del precio que usualmente pagan.

Por otro lado, las autoridades de seguridad manifiestan que, en algunos casos, los trabajadores del transporte han pertenecido a pandillas, por lo que cuando abandonan ese grupo son atacados como medidas de represalia.

Según se ha indicado, en lo que va del año sólo una persona ha sido detenida por ataques en contra de pilotos.

De acuerdo con la fiscal de Delitos Contra la Vida, Blanca Lilí­ de Cojulún, hay poco apoyo de las ví­ctimas, debido a que rara vez interponen denuncias.

Al ser consultados los autobuseros sobre la razón por la que no interponen sus denuncias, dicen que esta medida «no sirve de nada», ya que no confí­an en el sistema de justicia. Ellos argumentan que los trámites son muy largos y esclarecer estos crí­menes llevarí­a demasiado tiempo. «En lo que averiguan habrá muerto otro compañero», dijo un conductor de la ruta 40R, quien pidió no ser citado.