El acuerdo de los jefes de bloque para aprobar una ley de fortalecimiento de la persecución penal, que incluye reformas a la Ley de Armas y Municiones, a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, al Código Penal y al Código Procesal Penal, constituye sin duda un paso importante en el esfuerzo que la sociedad guatemalteca tiene que hacer para combatir la impunidad.
Se trata de un conjunto de normas que tienen la finalidad de facilitar la implementación de acciones que apuntan a fortalecer y facilitar la administración de justicia y en ese sentido puede pensarse que existe interés de la mayoría de bancadas por aportar en la lucha para darle seguridad a los ciudadanos. Es obvio que algunos diputados aisladamente se opondrán a las reformas porque las mismas están bien diseñadas y se dirigen a puntos específicos que hoy facilitan la labor del crimen organizado, pero la mayoría está asumiendo una actitud que se puede considerar como muy constructiva y hasta patriótica.
Cierto es que la simple emisión de leyes no es suficiente para erradicar la impunidad porque la misma no se elimina por decreto, pero también debemos entender que sin los instrumentos legales adecuados la lucha se vuelve mucho más difícil. No se trata de cuestiones de protagonismo, y eso es importante, porque al final de cuentas es un esfuerzo del Congreso de la República en su conjunto y eso tiene que reconocerse porque en buena medida es un hecho insólito en nuestro país que todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria depongan sus intereses particulares para acordar una agenda que tiene la finalidad de poner los instrumentos que los operadores de justicia necesitan para avanzar.
Una vez que el Congreso apruebe definitivamente la iniciativa de ley que está ya avalada por los jefes de bloque, corresponderá a las otras instancias actuar en consecuencia y por lo tanto el reto será para el Ministerio Público y para los tribunales a efecto de que ellos también hagan su parte. Obviamente hará falta una depuración y la sociedad tendrá que jugar un papel muy activo en el proceso de la postulación de los candidatos a la próxima Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, así como a la que posteriormente se hará para nuevo Fiscal General de la Nación, puesto que es obvio que allí será el verdadero campo de batalla para decidir si triunfa otra vez el crimen organizado para mantener el control de esas instancias o si la sociedad logra torcer el brazo a los postuladores para que elijan a los profesionales comprometidos con la lucha contra la impunidad.