Eran reuniones agradables. Porque agradable es cuando se reúne un grupo y las ideas fluyen y la discusión las enriquece. El bufete del doctor Federico Villela era el sitio escogido. Como siempre, los temas de la política nacional eran siempre los preferidos y los últimos tiempos habían sido prolíficos en aportar a la materia, más que suficiente material. Pareciera que los señores «padres (de no sé de quién pues yo me niego a aceptarlo) de la Patria», proporcionan siempre, no importando la administración de que se trate, abundante oportunidad para tratar de su «delicado e importante trabajo». Y esta no era la excepción.
La increíble corrupción que rodeaba a ese grupo de maleantes reunidos en lo que se da en llamar flamantemente el Congreso de la República, era motivo de repulsa por parte de la población, la que cansada de escuchar, como el Padrenuestro de cada día los actos, cada vez más descarados de los señores diputados, murmuraba la necesidad de depurar ese podrido organismo.
Su Directiva había decidido adelantar la elección para elegir a una nueva Junta Directiva. Esta se lleva a cabo y un grupo de diputados alega que la elección ha violado el Reglamento Interno del Congreso y eleva su demanda a la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad emite su dictamen y ordena que se repita la elección. Aquí es en donde inicia la aventura legal que aún no ha tenido plena respuesta y que, de tenerla debería cumplirse el aforismo legal de que «todo acto basado en un hecho ilegal, es ilegal».
La discusión en el círculo que se reúne con el doctor Villela se vuelve acalorada. ¿Se ha violado la Constitución en el seno del Congreso de la República?…y si así fuera, ¿la viola la Corte de Constitucionalidad, al no dictaminar que si así hubiera sido, el Código Penal tipifica el delito y que, por consiguiente debiera ser aplicado?….
Luego de largas discusiones el grupo está de acuerdo en que sí se ha producido la violación y que, lógicamente, la Ley debería de ser aplicada. El doctor Villela estructura la demanda contra todos los diputados integrantes del Congreso de la República. Con ella en manos, me dirijo a la estación de la Policía de San Pedrito. Ya en la estación, anuncio al oficial de turno que deseo presentar una denuncia. í‰ste, la toma como cualquier otra de las muchas que se recibían diariamente en su oficina. Sin embargo, al notar el texto en el que, claramente se leía que los acusados eran, ni más ni menos que los señores diputados solamente alcanzó a contestarme. «permítame un momento por favor», y presto y diligente se dirigió al despacho de su superior jerárquico.
El momentito que me había pedido esperar se fue prolongando. Solo podía darme cuenta de la idas y venidas del oficial y que, su superior afanosamente trataba al parecer de establecer una comunicación, que al tardarse, aumentaba la tensión entre quienes, por no haber tenido antes tamaña experiencia, no atinaban a tomar una decisión, esperando que fueran sus superiores los que asumieran la responsabilidad.
La espera se había alargado. El superior en su oficina, pareciera que no lograra la comunicación esperada, lo que hacía desesperante mi espera «sentado» aún esperando que resolvieran mi demanda. Al fin, pareciera que el jefe hubiera logrado su cometido ya que el oficial volvía a su escritorio, empezando a teclear su máquina de escribir para llenar así, en una simple hoja de papel, la demanda que involucraba en un acto delictivo a todos los miembros del Congreso de la República. Los días siguientes, fueron aparte de la noticia registrada en la prensa, de intensa actividad política. El Serranazo era la respuesta. Los hechos culminaron con el autogolpe. Luego de días de tensiones políticas, en los que interviniera en forma destacada La Hora, Serrano fue expulsado. Los diputados fueron depurados. Pero la Ley como es costumbre en nuestra tierra, no se cumplió.
Años más tarde sabría que las desesperadas consultas del jefe de la estación de la Policía, eran hacia el Estado Mayor Presidencial… ¡Parece que fue ayer!