El gobierno del presidente Horacio Cartes, en el cargo desde agosto, carece de fondos para pagar los salarios a 258.000 funcionarios públicos por lo que ya desvinculó a 4.000 empleados y en las próximas semanas los exonerados llegarán a 15.000, declaró a la AP el ministro Humberto Peralta, titular de la Secretaría de la Función Pública.
«El 80% del presupuesto general de gastos de cada año se destina al pago de sueldos; es demasiado dinero para un Estado pequeño», enfatizó Peralta durante la entrevista.
«Para 2013 el presupuesto fue establecido el año pasado por el Congreso en 15.000 millones de dólares pero los ingresos fiscales bajaron y hoy no existe ese dinero», admitió Peralta, titular de esa secretaría de estado, con rango ministerial, encargada de aprobar o rechazar la contratación de funcionarios, entre otras tareas burocráticas.
Cartes, del conservador Partido Colorado, asumió el cargo el 15 de agosto para un periodo de cinco años.
Peralta mencionó que «en los últimos cinco años fueron incorporados al servicio burocrático unos 50.000 individuos en calidad de contratados. Para que en diciembre se pudiese pagar el aguinaldo, necesariamente debe disminuir ese plantel en unos 15.000», advirtió.
Sin embargo, el senador Miguel Saguier, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, el principal de la oposición y aliado de Cartes en el Senado, protestó porque, supuestamente, los 4.000 despedidos pertenecen únicamente a su agrupación política y no al oficialista Partido Colorado.
Peralta aclaró a The Associated Press que «el presidente Cartes me ordenó que racionalice el servicio de personal público. El contrato de los 4.000 no fue renovado porque no existen recursos y desconozco a qué partido están afiliados porque en la planilla (nómina) nadie está identificado por su ideología; no sé si son colorados, liberales o de otra agrupación».
«De esos 4.000, unos 600 ocupaban cargos de confianza en el gobierno anterior del presidente Federico Franco (liberal), designados por decreto para una tarea específica. Hoy el nuevo gobierno eligió a otras personas para esos puestos, entonces fueron desvinculadas», añadió.
«Los demás eran individuos no técnicos, es decir estaban en las oficinas como mensajeros, asistentes o dedicados a otras labores prescindibles», acotó.
El analista económico Fernando Masi dijo a la AP que «el desorden presupuestario es un mal hábito de los congresistas, quienes utilizan equivocadamente el privilegio que les otorga la Constitución de cambiar, achicar o aumentar el proyecto de ley de presupuesto anual que prepara el Poder Ejecutivo».
«Esos congresistas, de diferentes partidos, cada año estiman aumentos desmedidos de los probables ingresos fiscales del siguiente periodo sin ningún fundamento técnico. Asignan incrementos salariales a los ministerios en donde se encuentran sus miles de adherentes. Así no hay recurso que aguante», opinó.
Peralta confirmó que «actualmente el ministerio de Salud Pública prescindirá de 400 contratados de áreas administrativas para que en 2014 existan recursos para contratar médicos, enfermeras y otro personal de salud».
Indicó que el ministerio de Agricultura y Ganadería resolvió cesar a 1.600 contratados burocráticos «porque el año próximo incorporará a técnicos agropecuarios e ingenieros agrónomos».
«No hay persecución contra nadie y menos espíritu revanchista porque ni siquiera conocemos a qué partido pertenecen. Pusimos en marcha el plan denominado ‘meritocracia’, es decir el Estado debe tener servidores expertos con méritos para justificar el sueldo que reciben», apuntó.
El Estado paga remuneraciones que van desde 250 hasta 6.000 dólares mensuales por 30 horas semanales de trabajo, más beneficios sociales acordados en el contrato colectivo con diferentes sindicatos.
Pero una vez que los funcionarios son nombrados por decreto, adquieren estabilidad laboral hasta la jubilación (30 años de servicio y 60 años de edad).
Germán Rojas, ministro de Hacienda, informó que en el resto de 2013 y en todo 2014 no habrá reajuste salarial salvo que ocurra una situación prevista en la ley: por ejemplo, que la inflación llegue al 10%; pero este año cerraría con 4% y para el siguiente se pronostica una tasa similar o menor.
«La mayor parte de recursos del presupuesto va a salarios, jubilaciones y pago de la deuda externa. Así, no queda casi nada para inversiones sociales», acotó.
«Por eso, esperamos que el Congreso apruebe un proyecto de ley de alianza público-privada por el cual el gobierno de Cartes podrá concesionar servicios para recaudar: por ejemplo, se quiere pasar al sector privado el dragado del río Paraguay, construcción y cobro de peajes de rutas nacionales, la reactivación del ferrocarril y el servicio de transmisión de electricidad», informó Rojas.
La coalición de diez partidos y movimientos de izquierda denominada Frente Guasú, cuyo líder es el senador y ex mandatario Fernando Lugo, comunicó su rechazo al plan de Rojas de no incrementar los sueldos porque, presuntamente, «constituye un *congelamiento*del magro salario del trabajador público que necesita un ajuste anual».
El 90% de los 258.000 funcionarios, incluyendo las fuerzas de seguridad, está afiliado al Partido Colorado de Cartes como consecuencia de la hegemonía política iniciada en 1947 y cortada en 2008 por la victoria electoral de Lugo, quien gobernó hasta junio de 2012 cuando fue destituido por el Senado en juicio político por mal desempeño en el cargo. Lo reemplazó su vicepresidente Franco quien en agosto entregó el mando a Cartes.
Durante la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989) era obligatoria la afiliación al Partido Colorado para la persona que quisiera ingresar a la burocracia y fuerzas de seguridad.