Las decisiones sobre FONPETROL podrían tomarse este miércoles en el Congreso. La opinión pública está desinformada, en el legislativo ha predominado la prebenda y no los intereses del país y menos aun de sus poblaciones desprotegidas. En contraste, la crisis alimentaria y económica, nacional e internacional se extiende y exige urgentes decisiones de estadistas a favor de ellos en el interior rural.
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El segundo y último programa estrella de la administración Colom con tinte social-demócrata, la reforma fiscal también cayó, porque la administración de manera similar a decisiones anteriores no pudo defender los intereses del país frente a los intereses corporativos y en este caso optó por gravar a las clases medias.
La siguiente decisión contraria a los intereses nacionales y de sus mayorías, podría ser FONPETROL. Debe enfatizarse con energía que el propósito «realmente verdadero» de esta iniciativa de ley, es la extensión de los contratos petroleros por otros 25 años a favor de las corporaciones Perenco, Petro Energy, Petro Latina Corporation e inversionistas nacionales asociados y abrir las puertas a una exploración y explotación privada sin regulaciones de las operaciones petroleras. Perenco y los intereses asociados a su explotación son los que más presionan de momento porque su supuesto «contrato» vence el 11 de febrero de 2009.
La maniobra-excusa que inventaron los diputados ponentes, las comisiones del Congreso que dictaminaron a su favor y los diputados que han apoyado la iniciativa es que se creará un fondo para el desarrollo del interior derivado de porcentajes de las regalías que dejará su explotación. Este fondo de acuerdo a la Ley de Hidrocarburos de 1982, que rige toda esta materia, debió crearse hace años y no se hizo. Ahora son otras las decisiones a tomar porque los contratos terminan y las necesidades son mayores y más urgentes.
Debe subrayarse con énfasis que la prórroga de los contratos es ilegal e inconstitucional y que de acuerdo con el Art. 273 del Reglamento de la ley, todo, instalaciones, operaciones y productos deben pasar «en propiedad al Estado» y, «sin costo alguno». Pero el Art. 8 de la iniciativa manda ilegalmente derogar el Art. 12 de la Ley de Hidrocarburos porque es precisamente ese artículo el que prohíbe la prórroga. Este punto lo callan.
El Cap. VI de dicho Reglamento establece incluso, que los contratistas están obligados antes de la terminación de los contratos, a presentar con un año de anticipación, planes para el traslado al Estado de las operaciones y sus instalaciones. El Ministerio de Energía y Minas tiene la obligación de informar al Congreso y a la ciudadanía la marcha de las auditorías que debería estar ejecutando para verificar el cumplimiento de las obligaciones de Perenco, incluyendo la no contaminación del medio ambiente y si los traslados que le hicieran otras compañías estuvieron de conformidad con la ley.