Ayer el Ministerio de Finanzas notificó la prórroga de un contrato abierto para el suministro de los bienes que forman la Bolsa Segura que forma parte de los nuevos programas sociales del gobierno. Supuestamente el general Pérez Molina logró que el Congreso aprobara la creación del Ministerio de Desarrollo para institucionalizar los programas y hacerlos más transparentes, pero resulta que para compras que se harán hasta en octubre, se prorrogan los contratos abiertos que implementó el gobierno pasado, acusado de malos manejos, lo que indica que la nueva institución seguirá con las mismas mañas por instrucciones del Ministerio de Finanzas que avala los contratos abiertos como lo hace con los fideicomisos.

Es una vergüenza que sin que el Ministerio de Desarrollo pida la prórroga de ningún contrato abierto, porque no tiene contempladas compras aún, el de Finanzas decida mantener esa forma corrupta de proveeduría. Los contratos abiertos son un pacto entre sinvergüenzas y por lo tanto si se hiciera una reforma del Estado que realmente pretendiera ponerle fin a la corruptela, lo primero sería terminar con esa mañosa práctica de componenda.
 
  Ayer decía yo que el Presidente debiera de ocuparse de lo fundamental en vez de lo periférico. Está bien que visite los hospitales y que muestre apoyo al Ministro de Comunicaciones en los trabajos de remozamiento de la red vial, pero si no se enfoca en la forma en que se usa el dinero, la forma en que se gasta, todo lo demás sale sobrando. Da pena ver que en el Ministerio de Finanzas, supuesto guardián de los recursos, se tenga esa mentalidad de que todo se vale, de que es preferible el fideicomiso oscuro para “acelerar” contratos que la compra transparente. Que es mejor el contrato abierto que la licitación cuando hay tiempo de sobra para realizarla. El contrato abierto empezó como un mecanismo cuando no hay competencia entre proveedores y para regular de mejor manera los precios, pero como siempre, hecha la ley, hecha la trampa, se convirtió en un mecanismo de opacidad para encubrir los arreglos que hacen los encargados de las compras y contrataciones con los distintos proveedores que se reparten la vaca.
 
  Hablar de la reforma del Estado sin reparar en lo que está haciendo el equipo de gobierno para mantener las mismas mañas de antaño es burlarse de la inteligencia del guatemalteco porque evidentemente aquí se persiguen otros fines que no tienen nada que ver con el rescate de la institucionalidad democrática. Estamos frente a modalidades para el reacomodo que permita un nuevo reparto del pastel, pero al fin de cuentas se trata únicamente de eso y no de buscar el instrumento para acabar con las lacras de la impunidad, de la mañosería política y de la corrupción.
 
  Si así fuera, lo primero que debiera hacer el Presidente es ordenar que dejen sin efecto este contrato abierto recién prorrogado y mandar a la punta de un cuerno a los responsables de la prórroga. Es imperativo que se dé una muestra de que hay intención de cambio, que se quiere caminar por otros senderos en los que no sea el trinquete lo decisivo y lo que manda. Ya sabemos que el Ministro de Finanzas es inamovible, tanto que ni su propia renuncia prosperó, pero por lo menos que enmarque sus actuaciones en criterios de absoluta transparencia y que sea un luchador contra los fideicomisos y los contratos abiertos. Hoy por hoy es el principal defensor de esos perversos instrumentos y por lo tanto no ofrece ninguna garantía de que su esfuerzo esté orientado a la positiva reforma del Estado para avanzar hacia la institucionalidad.