Con la vigencia de la nueva Ley contra la violencia sexual, violación y trata de personas, los propietarios de centros en los que se practique la prostitución, son sancionados con penas de hasta cinco años de prisión.
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Lo anterior ha generado una gran controversia entre las autoridades que ejercen la persecución penal, los empresarios y hasta las trabajadoras sexuales ya que la nueva legislación es compleja en diferentes aspectos.
La anterior ley sancionaba con multas el proxenetismo, no obstante el espíritu del decreto 9-2009 que entró en vigencia en abril último, procura penas mayores para quienes incurran en ese tipo de hechos.
Por un lado, el Ministerio Público (MP) por mandato de la nueva ley debe perseguir a quienes se beneficien con el ejercicio de la prostitución, mientras por otro, algunas trabajadoras sexuales han llegado a considerar que se les limita el derecho a ejercer esa actividad.
MARCO JURíDICO
Rodman Pérez, abogado de la Fundación Sobrevivientes y especializado en ese tema, explica que la nueva Ley busca sancionar a quienes se beneficien con la prostitución ajena. «Cuando algún tercero lucra con la prostitución de alguien más», explica.
El abogado explica que el tema es complejo ya que en algún momento la ley pretende sancionar a los propietarios de centros nocturnos u otros negocios donde haya trabajadoras sexuales que deban pagar a terceros un porcentaje por laborar ahí.
«Lo que hay que entender es que es en esos centros donde son explotadas miles de trabajadoras sexuales y donde se facilita la explotación, pero la Ley da la opción de que ejerzan liberalmente sin empresarios o representantes de por medio», explicó.
A criterio del jurista, desde el punto de vista de las trabajadoras sexuales, la Ley implica desincentivar el trabajo para los centros donde prestan sus servicios, pero opina que se debería analizar la situación en los casos en los que las sexoservidoras deban pagar cierto porcentaje de sus salarios, por utilizar las instalaciones, lo que «podría ser sólo una fachada», señaló.
PERSECUCIí“N PENAL
Alex Colop, titular de la fiscalía contra la trata de personas del MP, explicó en primer término que la nueva ley permite encuadrar diferentes figuras delictivas relacionadas con la explotación sexual, además de contemplar penas más severas en relación a esos delitos.
Colop agrega que a cinco meses de la entrada en vigencia de la Ley, los procesos aún no han llegado al límite de un acto de conclusión y que en pocos meses empezarán a verse resultados en relación a la persecución penal con base en el Decreto 9-2009.
Sin embargo, aunque la Ley contempla varias figuras delictivas, quienes incurren en ese acto ilícito también han buscado la forma de evadir la persecución penal: «hay lugares donde han cambiado la modalidad u operación porque dicen que ya no se tienen relaciones sexuales dentro de los recintos, sino sólo se limitan a shows de baile y otros detalles», explicó el fiscal.
El fiscal también comentó que existen varios «encargados de estos centros de prostitución» que actualmente están detenidos, pero que en muchos casos se trata de personas que los propietarios o representantes legales de esas empresas, «sólo dejan como fachada precisamente para evitar esas sanciones», declaró.
Diario La Hora conversó con una trabajadora sexual, cuyo nombre no se detallará, que otorgó una opinión sobre las situaciones que se han dado desde la aprobación de la Ley.
La trabajadora sexual opinó: «cualquier ley que aprueben o que entre en vigencia en el país, tiene que velar porque no afecte a ningún trabajador y menos a nosotras que lo único que hacemos es trabajar como cualquier otra ciudadana», dijo.
La entrevistada citó que meses atrás, la Policía de Villa Nueva las quería desalojar: «argumentaban que nos teníamos que salir del área donde trabajamos porque querían crear en el parque un ambiente familiar y sano, pero nosotras no estamos teniendo sexo en el parque, aquí solo nos comunicamos con las personas», declaró.
Aunque la situación fue resuelta a través del diálogo entre las trabajadoras sexuales, la comuna y la Policía, días antes fueron intimidadas y no se les permitía laborar.
El Decreto 9-2009 contempla la creación de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, explotación y Trata de Personas.
Una oficina de atención a la víctima
Protección de testigos de trata de personas y otros delitos.
Modificación de los tipos penales.