Con eso que en Guatemala hay 850 mil menores laborando empiezo por disentir de la cifra divulgada por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, pues con solo salir a los municipios circunvecinos a la ciudad capital, no digamos ir al interior de la República, comprobamos fácilmente que el noventa por ciento de niños y jóvenes salen de madrugada a trabajar al campo, debiendo sumar a quienes viven en áreas urbanas que van con el estómago vacío con su caja de lustre o para ponerse a hacer piruetas en los cruceros y lograr con ello la dádiva de al menos una ficha de menor valor para comprar una tortilla que no cuesta menos de veinticinco centavos de quetzal.

También sigo sin creer que con una aspirina se pueda curar el cáncer y menos todavía que con sentarse alrededor de una mesa montada en el escenario preferido de nuestras autoridades, el salón de recepciones del Palacio Nacional, concluyan en que promulgando un acuerdo gubernativo que prohíba tener menores de edad en las planillas de pago, se va a resolver el problema. Tampoco es suficiente diseñar “hojas de ruta”. Esas son tácticas dilatorias y toda una burla crear una campaña “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil” que más suena a una promoción futbolera.

No señores, no es con demagogia ni con rebuscadas palabras de índole populista, como aquellas que dicen que los rascacielos de la ciudad y los autos de súper lujo, entre otras cosas, nos impiden a los ciudadanos ver la realidad de nuestros niños y jóvenes metidos en camisa de once varas haciendo lo que no deben hacer, en lugar de prepararse bien para ganarse como Dios manda el sustento diario. El problema radica en que tenemos rato de estar eligiendo a gente que, en vez de llegar al poder bien capacitada y con experiencia para  crear políticas públicas que impulsen el desarrollo y progreso del país, seguimos eligiendo a integrantes de la casta de politiqueros que solo buscan su propio bienestar.
    
De ahí los shows que vemos a diario sin lograr buenos resultados, para luego salir diciéndonos que son muy cortos cuatro años para hacer tanto que  tenían pensado hacer, lo que los motiva a pensar en alargar el período o permitir la reelección de por vida.  Finalizo este comentario preguntándole a la clase política, como a mis conciudadanos: ¿Qué pasó con la obligación de presentar a los electores planes de gobierno conteniendo políticas públicas bien diseñadas para lograr metas, objetivos y plazos bien definidos? ¿O es que la mayoría piensa continuar aceptando el cada vez más repulsivo clientelismo electorero?