Conversando con personal del senador Christopher Dodd, demócrata de Connecticut y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, misma que preside el senador John Kerry, mencionaban éstos que a su juicio en el caso de Guatemala hubo una coincidencia lamentable porque cuando se llegó a la firma de la paz había pasado ya el enorme interés mundial por ese tipo de procesos en Centroamérica y por ello, pese a que los acuerdos de Guatemala fueron muy profundos y atacaron las causas mismas del conflicto, no llegaron a materializarse en aspectos críticos.
ocmarroq@lahora.com.gt
Yo sostengo que uno de los puntos en los que fue más terrible el fracaso del proceso fue en cuanto a desmantelar las estructuras de la impunidad que fueron montadas durante los años de enfrentamiento y que sirvieron eficientemente para proteger a los agentes del Estado, militares y policías, que reprimieron al movimiento revolucionario en el marco de la doctrina de la seguridad nacional que desconoció los derechos y garantías individuales para permitir la eliminación de todos los que eran o parecían peligrosos para el sistema.
Nuestra actual estructura de justicia, especialmente en el Ministerio Público y los tribunales, responde aún a esa concepción de impunidad porque al terminar el conflicto no hubo depuración ni cambio de mentalidad. Los fiscales que fueron contratados para hacerse de la vista gorda de los crímenes durante la guerra, siguieron haciendo lo mismo cuando sus jefes pasaron a dirigir bandas criminales y además pusieron su red al servicio de otros grupos de delincuentes, entre ellos los del tráfico de drogas y lo mismo puede decirse de jueces que ocuparon plazas en el Organismo Judicial como una garantía de impunidad para quienes libraban la guerra en nombre de la defensa del sistema.
No olvidemos que durante muchos años, demasiados en realidad, toda la estructura del Estado cayó bajo los controles impuestos por la doctrina de seguridad nacional. Fue algo así como lo que hizo Bush durante su guerra contra el terrorismo, es decir, que se sacrificaron libertades y derechos para facilitar la acción de quienes se encargaron de reprimir a los que eran calificados como terroristas y subversivos.
Los miembros del equipo del senador Dodd tenían limitada información de lo que se hace al respecto actualmente en Guatemala. El tema de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala les interesó como ocurrió prácticamente con todos los funcionarios y miembros de los grupos de pensamiento que trabajan con el tema latinoamericano porque constituye, sin duda alguna, la oportunidad para rescatar esa oportunidad que nos dieron los acuerdos de paz pero que se perdió cabalmente porque nadie reparó en cuán profunda y arraigada estaba la red encargada de proveer impunidad a los que realizaron la represión. Romper ese tejido tan profundo, y que además terminó siendo sumamente lucrativo para los que participan del mismo, no es tarea fácil pero sí es una tarea impostergable, con todo y lo dura que pueda ser, porque de eso depende el futuro de la Nación en el sentido de que no tenemos viabilidad a menos que se restablezca el concepto del Estado de Derecho y se termine con esa mafia de jueces y fiscales en componenda para garantizar la libertad a quienes tras bambalinas siguen dirigiendo la tenebrosa estructura montada durante el conflicto.