Acuerdo ministerial 103-2008 institucionaliza por cuatro años la instancia de Análisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos en Guatemala, cuya función será analizar los patrones de agresiones en contra de observadores y defensores.

En los primeros seis meses del año 2007 los ataques acaecidos contra defensores y activistas despuntaron en í­ndices alarmantes, alcanzando una cifra promedio de 26 casos mensuales. El despojo de información, saqueo de instalaciones e intimidaciones directas representaba la mayor cantidad de delitos.

Según Claudia Samayoa, del Movimiento Nacional de Defensores de Derechos Humanos, el incremento de agresiones ocasionó que tanto la comunidad internacional como organizaciones nacionales demandaran de las autoridades medidas prontas que detuvieran el constante acoso sufrido por personas que se dedican a la labor social.

Resultado de las demandas en el tema ocasionó la creación de la unidad de Derechos Humanos (DDHH) en la estructura de la División de Investigación Criminal (Dinc) que debí­a atender de forma inmediata los casos relacionados con agresiones a los derechos fundamentales.

En los últimos cinco meses del año pasado las denuncias relacionadas al tema vivieron una disminución del 40 por ciento reduciendo los ataques de 22 a nueve mensuales, casos que se focalizan en los departamentos de Petén, Escuintla, Izabal y Quetzaltenango.

Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), identifica la celebración del proceso electoral como el elemento que contribuyó al debilitamiento de las intimidaciones, sin que esto signifique una desarticulación de los grupos que ejecutan este tipo de delitos.

Las principales causas de las agresiones, según los activistas, están relacionadas con la lucha emprendida contra la impunidad, siendo la violencia el instrumento utilizado para frenar la búsqueda de la justicia, la intolerancia de redes de poder locales y regionales que agreden a quienes buscan que la ley se cumpla por igual, a lo que se suma los ataques provenientes del crimen organizado que agrede por la amenaza que un estado de derecho crea a su interés.

El Ministerio de Gobernación estableció la creación de una instancia investigadora, la cual será conformada por la Dirección de Inteligencia Civil, la Policí­a Nacional Civil y convoca la participación del Ministerio Público.