Cuando era niño, Jorge Tume hacía sus tareas escolares en un escritorio de una empresa de construcción en Miami mientras sus padres hacían las labores de limpieza por la oficina. Cuando terminaba, les ayudaba, sacando la basura y terminando de limpiar.

Los padres de Tume lo trajeron desde Perú cuando tenía 12 años de edad, junto con su hermano menor. Tenían visas de turistas, pero se quedaron en el país más allá de la fecha de vencimiento.

Tras graduarse de secundaria, había pocas ofertas de trabajo para Tume, por lo cual hizo lo mismo que sus padres: trabajaba en labores de limpieza, lavaba autos, realizaba empleos manuales.

Ahora, un año después de que el presidente Barack Obama anunciara que jóvenes traídos por sus padres como niños y que permanecen en el país ilegalmente podrán quedarse y trabajar bajo ciertas condiciones, la vida de Tume es drásticamente distinta: su trabajo es sentado frente a una computadora, archivando documentos de la misma empresa en que sus padres trabajan haciendo limpieza.

«Me conozco cada rincón de esta oficina, de ese edificio», expresó Tume, de 21 años. «Antes yo veía a otra gente haciendo el trabajo que yo hago ahora, y aquí estoy sentado trabajando».

Casi 300.000 adultos jóvenes que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente han recibido autorización para quedarse y trabajar mediante la iniciativa, una de las transformaciones más radicales de la política migratoria estadounidense en décadas. Otros 200.000 han presentado sus solicitudes. Para tales inmigrantes, el año pasado ha sido uno de grandes cambios: están aprendiendo a manejar, consiguiendo sus licencias, alcanzando empleos de manera legal.

«Ahora me siento como que soy parte de la comunidad como todos los demás», expresó Frida Ulloa, una estudiante de 24 años de la Universidad Internacional de Florida que vino desde Perú como adolescente para ver a su padre enfermo, y nunca regresó.

La política conocida como Suspensión Temporal de Deportaciones permite que inmigrantes traídos a Estados Unidos como niños obtener permisos de trabajo por dos años, tras lo cual se pueden renovar. Para ser aprobados, deben demostrar que vinieron a Estados Unidos antes de los 16 años y que tenían 30 años o menos cuando la medida fue promulgada el 15 de junio del 2012.

Además deben estar matriculados en algún instituto educativo, o haberse graduado de secundaria o haber servido en las fuerzas armadas. No pueden tener un prontuario policial de gravedad o presentar una amenaza a la seguridad nacional.

Con un permiso de trabajo y un número de Seguro Social, pueden manejar en la mayoría de los estados, abrir una cuenta bancaria y en algunos estados, pagar matrículas universitarias.

«Mi vida ahora es más fácil que la vida que tenía antes», comentó Tume, quien antes iba 45 minutos en autobús para llegar al trabajo. Ahora maneja y llega en 15 minutos.

La nueva política se dio después de años de campañas por estudiantes y legisladores a favor del llamado «DREAM Act», que otorgaría una vía para la legalización y ciudadanía a miles de jóvenes inmigrantes en el país. Las gestiones por aprobarla en el Congreso han fracasado repetidamente.

Los legisladores actualmente debaten una reforma migratoria integral que trazaría una ruta hacia la ciudadanía, en un curso de 13 años, para aproximadamente 11 millones de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país.

El programa no lleva a la residencia o la ciudadanía, pero por lo menos exime a estos inmigrantes de ser deportados. Cuando Obama anunció la medida el año pasado, sus críticos le acusaron de ceder ante los votantes latinos con miras a las elecciones. «Yo creo que el programa de deportaciones postergadas nos ha dado la oportunidad de vivir sin miedo», declaró Ulloa.

Tras trabajar durante años en empleos menores, Ulloa fue contratada a tiempo completo en su área de especialización: Es la coordinadora en Florida de United We Dream, una organización a favor de los derechos de los jóvenes inmigrantes.

«Creo que esa es una de las grandes ventajas del programa Suspensión Temporal de Deportaciones», destacó. «El hecho de que podré estar entusiasmada por mi graduación y saber que de verdad podré aprovechar mi título».

El programa, no obstante, no ha resuelto todos los problemas de Ulloa y sus colegas inmigrantes. Varios estados dirigidos por republicanos han obstaculizado el otorgamiento de ciertos beneficios otorgados por el programa, al negarle a los inmigrantes tarjetas de identificación, licencias de manejar, acceso a atención médica, matrículas universitarias, asistencia financiera a estudiantes e incluso ser admitidos a un instituto académico.

Karen Mantilla, de 19 años, al fin pudo realizar logros que otros estudiantes hace tiempo superaron. Tras cumplir con los requisitos del programa, consiguió un permiso de aprendiz y un empleo en un restaurante vegetariano en Bay Shore, Nueva York. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus colegas, ella no irá a la universidad inmediatamente después de la secundaria.

Mantilla, quien nació en Colombia, fue traída ilegalmente a Estados Unidos cuando era niña. No puede solicitar asistencia financiera estatal o federal y no tiene los recursos para pagar su propia matrícula. Ella piensa trabajar y asistir a un instituto académico comunitario el año entrante.

«Desde que yo era muy joven, mi familia me decía ‘Tienes que ir a la universidad, tienes que lograr algo en la vida»’, dijo Mantilla. «No poder inscribirme directamente en la universidad este otoño es muy difícil».

La cantidad de adultos jóvenes que han solicitado ser beneficiados con el programa ha sido también mucho menor que lo esperado. El gobierno estimaba que un millón de personas presentarían solicitudes en el primer año, pero el número ha sido menos de la mitad.

Kamal Essaheb, un abogado de inmigración con el National Immigration Law Center, dijo que conseguir información sobre el programa, particularmente en comunidades rurales, es a veces difícil. Es posible también que el número total de inmigrantes aptos para el programa sea menor al estimado inicialmente, que era de entre 800.000 y 1,7 millones. Aun así, el principal obstáculo es la tarifa.

Cuesta 465 presentar una solicitud, y para adultos jóvenes que ya tienen dificultades ayudando económicamente a sus familias y pagando por la universidad, ese precio puede ser inaccesible, al menos por un tiempo.

«Cuando voy a las oficinas y recibo las planillas, les pregunto a los inmigrantes ‘¿Por qué tardaste tanto tiempo en presentar la solicitud?’ y la respuesta que me dan es que no tenían el dinero».

Los que presentan la solicitud hoy deberán aguardar más tiempo; algunos de los que hicieron sus pedidos al principio lograron la aprobación en apenas un mes. Actualmente el compás de espera es de unos seis meses, según datos del gobierno.

Tume recibió su notificación de aprobación en octubre. Un mes después, recibió una llamada de un gerente en la compañía Central Concrete SuperMix, donde él y su hermano hacían limpieza por las tardes. El jefe le preguntó si le gustaría en las oficinas, no limpiándolas. «Dije que sí, que con gusto», dijo Tume.