Si tuviéramos acceso a las cuentas del gobierno verí­amos cuánto se gastarán muchas instituciones en lo que resta del año en festejos y derroches por el estilo, mientras que el Ministerio Público tiene que andar mendigando 100 millones de quetzales simplemente para terminar el año pagando sueldos a su personal porque no recibió la asignación correspondiente, eso que muy eufemí­sticamente empezaron a llamar “techo presupuestario” para referirse a las partidas que se determinan para normar el gasto público.

Muchas entidades públicas repartirán canastas navideñas y regalos de distinto tipo, desde pasteles tipo magdalena hasta deliciosas viandas, durante estas fechas y seguramente que el gasto de esos obsequios supera con mucho lo que es el requerimiento que hace el Ministerio Público para cumplir con sus funciones en condiciones aún precarias. Porque dado el nivel de delincuencia e impunidad que hay en Guatemala, es obvio que tenemos un rezago demasiado grande y que no daremos pasos adelante en forma significativa, mucho menos en forma dramática, con esas migajas que apenas servirán para que al ritmo lento que ahora se lleva, se pueda terminar el año.
 
 La reasignación de fondos en el Estado es fundamental porque hay cuestiones que no pueden seguirse pasando por alto y entre ellas el tema de seguridad y justicia son prioritarios porque de nada sirve que se trate de atender otras áreas de la administración si la gente se muere porque la impunidad alienta el accionar de distintas formas de delincuencia que atentan contra la vida.
 
 Tal y como están las cosas, serí­a de exigirle al gobierno que sacrifique aunque sea el dinero que tiene asignado para la seguridad de los funcionarios, incluyendo al Presidente y sus parientes, para destinar recursos suficientes para impedir el colapso de las labores de fiscalí­a en los tres últimos meses del año. Se trata de valores idénticos a proteger, puesto que lo mismo vale la vida de un funcionario que la de un ciudadano común y corriente expuesto cotidianamente a ser ví­ctima de un asalto mortal porque los delincuentes actúan a sus anchas debido a la ausencia de instrumentos para penalizar el homicidio. Por un teléfono matan a cualquiera que no ande rodeado de guardaespaldas como los que tienen el encargo de proteger a funcionarios, sus familias y hasta a entenados que ya no lo son.
 
 El guatemalteco, en general, sin calificativos de ninguna especie, tiene derecho a la seguridad y es obligación del Estado por lo menos proveer los recursos mí­nimos a los operadores de justicia para que cumplan con sus deberes de investigar y perseguir a los criminales, sean éstos sicarios y ladrones de cuello blanco que se armaron durante cuatro años mangoneando los recursos públicos.

MINUTERO:

Para investigar el delito
no asignan suficiente recurso;
el crimen sigue su curso
y la seguridad les vale un pito