Se comenta en el cí­rculo de los partidos y medios de comunicación, que la negación de su inscripción en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se debe a que le están presentando una batalla desleal los otros partidos para sacarla del rol polí­tico, lo que no es así­; todos ofrecen y nada positivo hay en estos ofrecimientos que carecen de financiamiento para cumplir lo que se dice que se dará.
Lo que no entiende la señora Torres, es que la ley es la ley y en ella no vale el millón de firmas del pueblo que dice que la respaldan, mas los ciudadanos también deben de entender que lo plasmado en la Constitución de la República no tiene vuelta de hoja para pisotear sus mandatos; no cualquiera puede mancillarlos alegando una legalidad que no existe.
Así­ también es digno de comentar la actuación de Marí­a Eugenia Villagrán, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, y de las magistradas Mirtala Góngora, vocal I; Patricia Cervantes, vocal II, que, con esta resolución, están  recuperando la credibilidad de la ley. El dictamen del Registro de Ciudadanos y su representante, Miguel Solí­s, fue apoyado por las tres funcionarias, porque se sabe actuaron apegados al derecho que la ley les confiere. La honorabilidad de estos funcionarios no da lugar a discutirse.
Es tiempo ya que los entes de justicia y los abogados asesores litigantes entiendan el contenido de las leyes y no busquen justificaciones dudosas donde no existen, porque la ley es la ley, y esta se debe respetar. Los juristas y politólogos entendidos en la materia han dictaminado, externando que la resolución del TSE fue fundamentada en derecho. Ahora tendrán lugar los recursos en las instancias involucradas en resolver este caso que se dice es un fraude de ley. Aun la defensa de sus seguidores cree que no hay fundamento válido para evitar su inscripción.
Todo esto es producto de un apasionamiento politiquero del cual todos los postulados adolecen. Veremos si es cierto aquel adagio que “el que tiene más galillo traga más pinol”.